Río Cruces: Contaminación persiste pese a fallo condenatorio a celulosa

Luego del dictamen de la justicia que establece responsabilidad de Celulosa Arauco en el daño ambiental al río Cruces, en Valdivia, distintos actores subrayan los desafíos de la nueva institucionalidad ambiental. Mejorar la evaluación de impacto y aumentar la fiscalización son dos temas que requieren una optimización, para evitar nuevos desastres ecológicos.

Luego del dictamen de la justicia que establece responsabilidad de Celulosa Arauco en el daño ambiental al río Cruces, en Valdivia, distintos actores subrayan los desafíos de la nueva institucionalidad ambiental. Mejorar la evaluación de impacto y aumentar la fiscalización son dos temas que requieren una optimización, para evitar nuevos desastres ecológicos.

En 2004, la población de cisnes de cuello negro del río Cruces experimentó una drástica reducción, pasando de 5 mil 091 a sólo 533 ejemplares. Este hecho derivó en la denuncia por contaminación a un Santuario de la Naturaleza, cuyo fallo se conoció la semana pasada.

Este es el primer caso que determina ilícitos en la contaminación de un humedal, proceso que se extendió por casi nueve años. Si bien se destaca el rol del Consejo de Defensa del Estado, investigadores esperan un mejor despliegue de la institucionalidad ambiental.

Daniel Boroschek, médico veterinario y representante del grupo Acción por los Cisnes, exige que el monitoreo determinado por la justicia debe ser externalizado, ya que un ente dependiente de Arauco, la empresa inculpada, no asegura eficacia en su labor.

“Estas acciones de monitoreo que plantea la jueza no deberían ser llevadas a cabo por la empresa, sino solamente financiadas, y realizadas por una institución que le dé seguridad al Estado, a la empresa y la ciudadanía, de tal manera que no pueda ser manejado por alguna entidad”, indicó.

Las críticas apuntan a la autorización que permite la operatividad de la planta de celulosa en una zona de protección del ecosistema. Sara Larraín, directora de Chile Sustentable, subrayó que el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) no cuenta con la información e independencia que garantice la protección del medioambiente.

La ambientalista destacó que “aquí hay un tema crítico, a pesar de las reformas a la institucionalidad ambiental, todos los dedos apuntan a que el SEIA no es independiente, no está funcionando a cabalidad con información seria e independencia técnica para no dejarse influenciar por sectores empresariales o políticos, para aminorar su declaración y evaluación de daños”.

Sara Larraín advierte la aprobación de un ducto en Caleta Mehuín para que la celulosa derive sus desechos al mar, aun cuando esto significa una amenaza para la pesca artesanal: “La empresa tiene que encontrar una salida, pero no contaminar otra comunidad, u otro cuerpo de agua que sería la bahía Mehuín. Eso no es aceptable, la empresa tiene que asumir todos los costos de su proceso, y tratar sus aguas, establecer un circuito cerrado, donde reciclen su agua contaminada”.

Enrique Jaramillo, docente de la Universidad Austral que encabezó las pericias en el río Cruces, también alerta sobre este ducto, ya que su mínima extensión deriva en que los residuos lleguen a la costa, y advierte que Arauco aún bota sus desechos en el humedal.

El investigador subrayó que el ducto “está autorizado pero no se ha construido, o sea que la planta sigue vertiendo sus desechos industriales en el humedal del Río Cruces. Nosotros hemos hecho comentarios al ducto, ya que su longitud queda dentro de la zona de rompiente de las olas en período de mal tiempo. Si están saliendo elementos químicos en periodo de mal tiempo, es obvio que esos elementos se van a devolver hacia la costa”.

A esto se suma la investigación de Conaf, que certifica una ostensible baja en la población de cisnes de cuello negro, especie en redujo su población en un 74 por ciento desde 2004, año de inicio de operaciones de la celulosa en la región de los Ríos.





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