La Fiscalía de Atacama cerró sin acusados la investigación por el derrumbe de la mina San José, que en 2010 dejó a 33 mineros atrapados a 700 metros de profundidad durante 69 días hasta ser rescatados luego de un poco más de dos meses de intensos trabajos.

Según el fiscal regional de Atacama, Héctor Mella Farías, “no había convicción para formular una acusación” contra los dueños de la minera San Esteban, propietaria del yacimiento San José ni contra los responsables del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) en la región de Atacama.

El accidente en la mina ocurrió el 5 de agosto de 2010 y generó expectación en todo el mundo hasta que, el 13 de octubre del mismo año, los trabajadores fueron rescatados uno a uno, en un operativo que duró 25 horas, en el término de un hecho único de sobrevivencia, donde con esfuerzos coordinados del Gobierno y empresas privadas chilenas y extranjeras.

Los mineros regresaron a la superficie en una cápsula construida por la Armada, que se introdujo a través de un orificio de 50 centímetros de diámetro excavado con exactitud hasta donde estaban atrapados los mineros, luego de tener la comprobación el 22 de agosto que se encontraban vivos.

También se excavaron otros boquetes, aún más pequeños, por los que se les suministró a los mineros alimentos, ropa y equipos de comunicación.

Por su lado, el fiscal Héctor Mella declaró que después de tres años de investigación, el Ministerio Público determinó que no había antecedentes suficientes para continuar la investigación contra los dueños de la mina, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, ni contra los responsables del Sernageomin de la región.