A fines de agosto de 2010, el Presidente Sebastián Piñera, aseveró “aquí no van a haber impunidades ni públicas ni privadas” ante el derrumbe minero que dejó a 33 mineros atrapados durante 69 días en la Mina San José de Copiapó.

Sin embargo, luego de tres años, la Fiscalía Regional de Atacama determinó cerrar sin acusados la investigación por el accidente minero ya que no se encontraron antecedentes suficientes para determinar responsabilidades penales. En palabras del fiscal regional de Atacama Héctor Mella, “no había convicción para formular una acusación”.

Esta investigación se realizaba contra los propietarios del yacimiento, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny, además de las autoridades del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) de la época, a quienes se les apuntó por la falta de fiscalización en medidas de seguridad.

Uno de los mineros que estuvo encerrado y que protagonizó el mediático rescate que el Gobierno implementó, Mario Sepúlveda, se mostró decepcionado por la determinación de la justicia.

“Por lo frustrado que uno está, uno espera que haya justicia verdadera. Pero hay quienes investigan, hay quienes hacen esos trabajos y según ellos descubrieron que no hay a quien acusar penalmente. Es una pena, la verdad es que me hubiese encantado ver a Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny por último pasando por una cárcel de Chile”, expresó.

Sepúlveda agregó que evaluará junto a abogados la posibilidad de insistir en la búsqueda de responsabilidades civiles a través de otros procesos.

Otros de los mineros como Omar Reygadas coincidió en esto, en declaraciones a otros medios de comunicación, explicando una situación similar: a la espera de una reunión con los abogados que representan a los trabajadores afectados para juntar mayores antecedentes.

Para Enés Zepeda dirigente de la Federación de Sindicatos de Supervisores de Supervisores y Profesionales de Codelco y experto en seguridad minera, la resolución del Ministerio Público es “cómoda y floja”.

El especialista aseguró que los problemas de seguridad en la mina San José eran evidentes de un tiempo atrás, lo que confirma la negligencia de los propietarios y de la fiscalización de las autoridades.

“No entendemos cómo el Fiscal arriba a la conclusión de que no hay responsabilidades penales. No podemos comprender los expertos en minería que una mina que cruje, gotea, que está avisando que se va a hundir con varios meses de antelación, no se hayan tomado las medidas preventivas o correctivas del caso. No habían instrumentos de medición que pudieran determinar que el cerro se está moviendo, no lo había”, denunció.

La misma extrañeza han manifestado desde la Central Unitaria de Trabajadores en la provincia de Copiapó, donde también repararon en el historial de accidentes de la mina San José.

Por otra parte, la defensora de Bohn y Kemeny, claramente se mostró conforme con la determinación del Ministerio Público, aunque agregó creer que es posible “llegar a una situación de mayor certeza jurídica”.