La semana pasada se suspendió en la Cámara de Diputados la votación del proyecto de ley que fortalece el Resguardo del Orden Público, conocido como “Ley Antiencapuchados”, debido a la cantidad de diputados inscritos para intervenir en la sesión.

Por esto, este martes la Cámara Baja comenzó nuevamente la discusión, en medio de los reclamos de la oposición y de diversas organizaciones sociales que consideran que la iniciativa como antidemocrática y que terminó con la aprobación de la normativa.

La experta en seguridad y académica de la Universidad de Santiago Lucía Dammert, lamentó cómo se dio esta aprobación y la politización de la discusión, agregando que no necesariamente la “sobrelegislación” soluciona los problemas.

“Al final ha terminado siendo una pulsada más política que técnica. Incluso el ministro parece que pidió no hacer caso a los expertos, sino avanzar en la propuesta de ley. Fue aprobada en general pero en la mayoría de sus artículos no fue aprobada, lo que abre una interrogante. Todos estamos preocupados por algunos hechos de violencia, pero sobrelegislar no soluciona los problemas”, dijo.

Organizaciones ciudadanas entregaron alrededor de 20 mil firmas en contra de la iniciativa, con las que trataron infructuosamente de convencer que la llamada Ley Antiencapuchados criminaliza la protesta social.

El diputado RN Cristián Monckeberg aseguró que las normas contra las tomas y que atentarían contra movimientos sociales fueron retiradas, mientras que el ministro del Interior, Andrés Chadwick, presente en la sesión de sala, indicó que el derecho a reunión es justamente lo que se busca proteger.

En la sesión, Chadwick, subrayó que “lo que queremos hacer como política de orden público, es que si se comete un delito mientras se ejerce el derecho de reunión, y se aprovecha de ello para cometer el delito, debe haber una circunstancia agravante. Por eso instauramos esta instancia, para que no se utilice el legítimo ejercicio de un derecho para ejercer un delito”.

El diputado PPD Felipe Harboe, por su parte, dijo que los problemas que esta legislación busca regular se resuelven a través de la gestión y no cómo se está planteando aquí, mientras que el PS Marcelo Díaz dijo que el combate a la violencia no se enfrenta con los mecanismos que plantea el proyecto.

Díaz indicó que “ese desafío no requiere esta ley que el Gobierno pide de manera incorrecta. La opinión unánime de organizaciones y expertos concluye de manera inequívoca que las normas del código vigente son suficientes para cumplir la tarea del gobierno, resguardar el orden público sin afectar el ejercicio del derecho a reunión y la libertad de expresión en Chile”.

De todas formas, al Senado llegará un proyecto con prácticamente todos sus artículos rechazados.

Durante la sesión de la Cámara Baja además se dieron lamentables sucesos. Oposición y Oficialismo se acusaron mutuamente de demagogia al recordar la petición del Presidente Sebastián Piñera de aprobar la iniciativa en nombre del carabinero muerto Daniel Silva.

Otro de estos, fue que la diputada UDI Andrea Molina comprometió un pareo con el diputado Pedro Araya, pero aun así ejerció su voto en general, aunque luego retiró su opción y pidió las disculpas del caso, luego de ser increpada por el independiente Sergio Aguiló.