“La única forma de lograr transformaciones democráticas profundas en un proceso constituyente es a través de un amplio movimiento social y político previo, con vocación de poder y de construcción de mayorías”.

Esta es la principal conclusión entregada por el constitucionalista colombiano Dr. Juan Montaña Pinto, decano de la Escuela de Constitucionalismo y Derecho del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador, quien participó en el foro “Procesos constituyentes en América Latina 1991-2013”, organizado por el Doctorado en Procesos Sociales y Políticos en América Latina (Prospal), que imparte la Escuela Latinoamericana de Estudios de Postgrado de la Universidad de Arte y Ciencias Sociales (ARCIS).

El profesor Montaña analizó los procesos vividos en Colombia, Venezuela, Bolivia y Ecuador, indicando que el principal elemento en común es que en todos ellos fueron detonados por crisis institucionales y la confluencia de movimientos sociales, indígenas y políticos.

El académico indicó que cada caso significó resultados distintos, como un modelo conservador en Colombia, uno estatista como el venezolano y dos casos que intentan acercarse más al comunitarismo, refiriéndose a Bolivia y Ecuador.

La dirección tomada por cada proceso se debió, a juicio del profesor Montaña, a la realidad política de cada nación.

Para el constitucionalista, lo más interesante es que en América Latina se construyó un nuevo paradigma revolucionario, puesto que para los marxistas antiguos el derecho es simplemente un instrumento de dominación de clases, pero en nuestro continente se demostró que también puede apropiarse para la emancipación.

“Lo que se está planteando en América Latina, desde hace unos quince años, es que el derecho tiene una cara emancipatoria, y ha tenido una cara de opresión. Si ponemos a los dueños de las minas de cobre chilenas, y a los dueños de la tierra para hacer una Constituyente, van a contratar a los mejores abogados del mundo, con un cambio radical a las condiciones de vida de los chilenos, y ahí nacen las preguntas”, dijo.

En opinión del director de Prospal, Juan Carlos Gómez, el debate en Chile, por parte de los sectores más avanzados, está mal enfocado puesto que se cae en el fetiche de la asamblea constituyente, como forma de tener una nueva norma fundamental, pero no se habla del contenido de esos cambios ni del problema real que es la falta de una fuerza transformadora consolidada.

El académico señaló que “si queremos una Constitución Política que quiere remozar la actual y establecer un sistema más participativo y abierto, se puede hacer sin Asamblea Constituyente, sino sólo que el Legislativo actúe como constituyente”.

Gómez indicó que el poder político incluso le quitó peso a la abstención como forma de protesta, puesto que al ser el voto voluntario, no votar es un acto tan institucionalizado como hacerlo.

En conversación con el programa Semáforo, de Radio Universidad de Chile, el profesor de la Facultad de Derecho de nuestra casa de estudios, Eric Palma, destacó los efectos positivos para la estabilidad de las instituciones que han tenido las asambleas constituyentes, en especial en Bolivia.

Eric Palma indicó que “hay un informe que señala que el efecto institucional en Bolivia de la Asamblea Constituyente y Nueva Constitución es extraordinario. Este país pasó a una fase mayor desde su organización político administrativa, las instituciones se afianzan, se expande el aparato político, y ha logrado permear a la sociedad”.

Los tres académicos coinciden en la necesidad de tener un poder constituyente democrático, para lo cual, se requeriría que el poder constituido vigente no obstaculice la creación de los mecanismos más participativos.