El proyecto de ley de concesiones eléctricas estaba entrampado en el Parlamento, pero el Gobierno, a través del ministro de Energía, Jorge Bunster, le suprimió dos artículos que eran motivo de gran discrepancia política, y que por lo mismo significaban un riesgo de rechazo completo a esta iniciativa. Uno de los artículos sacados es el derecho a consulta indígena que entrega el Convenio 169 de la OIT, que el Gobierno quería limitar para después de que se entregara una concesión y antes de la construcción de un proyecto, y que grupos ambientalistas e indígenas querían ampliar para que se consultara antes de que se entregara la concesión. El otro artículo borrado es el que se refería a concesiones y cableados eléctricos al interior de áreas silvestres protegidas. Sin esos artículos, y luego que la iniciativa pasara por una comisión mixta, se abrió el paso para que se aprobara en la Cámara de Diputados.

Luego, el proyecto legal pasó al Senado y fue despachado.  En esa instancia, el senador de Renovación Nacional por la región de Aysén, Antonio Horvath, manifestó su rechazo al texto legal, porque en su opinión no busca compatibilizar el desarrollo armónico con otros usos del territorio, y anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional para impugnarlo.

“Yo en esta materia me voy a oponer al proyecto, porque creo que claramente atropella otros derechos de personas aledañas a las posibles líneas de transmisión, aparte de las áreas silvestres protegidas y los pueblos originarios, otro tipo de proyectos que son incompatibles, como lo son por ejemplo los proyectos turísticos. Nadie va a poder desarrollar un área turística con infraestructuras si abre la ventana y ve líneas de transmisión. Entonces eso hay que corregirlo y la única vía que nos va quedando es el Tribunal Constitucional”, explicó.

Para acelerar la aprobación de generadoras eléctricas, el proyecto del Gobierno busca cambiar el Decreto con Fuerza de Ley (DFL) Nº 4 sobre Ley General de Servicios Eléctricos, de 1982, para que sólo los “propietarios de terrenos” y no los “interesados o afectados” tengan derecho de acudir a la Justicia para oponerse a un proyecto. “Esto debilitaba la posición del Turismo y otros usos del territorio, y va a incrementar la judicialización de proyectos”, según la geógrafa de la Fundación Terram, Javiera Espinoza.

“Solamente se podrán oponer a los proyectos energéticos personas directamente afectadas, es decir, los terrenos afectados. Lo único que hace es judicializar más los procesos, poner más a la gente en contra del “desarrollo”. Esta ley ni siquiera cuestiona por ejemplo la perpetuidad de las concesiones, tanto para la consulta 169 como para las áreas protegidas, pero como estaban mencionadas en la ley es mucho mejor lo que quedó ahora”, afirma.

Por su parte el diputado de la UDI, Manuel Rojas, dijo que el espíritu de esta iniciativa es acelerar la construcción de proyectos eléctricos, y en tal sentido apoya que  se haya sacado el tema del derecho a consulta indígena.

“Lo que queremos es agilizar y si una consulta entorpece el procedimiento por un requerimiento mayor de instancias judiciales, ciertamente que eso va a entorpecer con lo que es el espíritu de este proyecto de ley de concesiones eléctricas. Hoy día lo que nosotros necesitamos es agilizar la solución a un problema que tenemos a la vista. Por otro lado, el acuerdo que nosotros tenemos del punto de vista internacional de consulta, ya lo dicta una norma en el acuerdo que firmó Chile y por lo tanto ante esa circunstancia está presentado como corresponde, por lo tanto aquí no podemos entramparlo si le preguntamos antes o después”, manifestó.

Según los detractores de la iniciativa, fundamentalmente organizaciones ambientalistas, el telón de fondo que explica el interés del Gobierno por aprobar el proyecto de ley de concesiones eléctricas se relaciona con dos megaproyectos eléctricos que necesitan nuevas facilidades legales para concretarse: Uno es el de las 5 represas que HidroAysén quiere construir en los ríos Pascua y Baker y el otro es el de las 3 represas que la firma Energía Austral quiere instalar en el río Cuervo. Ambos en la Patagonia Austral.