Según reveló a la Agencia DPA, Ingrid Heitmann, especialista en microbiología e infectología, los químicos pasaron más de dos décadas ocultos en los subterráneos del ISP, ubicado a un costado del Estadio Nacional.
Las cajas fueron encontradas, por casualidad, cuando ella ordenó hacer una limpieza de los refrigeradores del subterráneo el año 2008.
Ingrid Heitmann aseguró haberse “espantado” cuando encontró las ampollas, ya que estas toxinas son capaces de eliminar a miles de personas y especificó que Chile no poseía capacidad para producir esta toxina y las cajas no tenían por qué estar en un laboratorio civil con fines sanitarios.
Para el abogado de derechos humanos, Eduardo Contreras, estas declaraciones son muy graves y hacen necesaria una investigación de la justicia.
“Creo que lo correcto sería abrir un proceso, porque efectivamente la existencia de materias tóxicas en poder de la dictadura dice relación directa con varios casos. Haber ocultado una prueba flagrante constituye en sí un delito y me parece meritorio que se abra una investigación, sobre todo porque es un hecho conocido en la opinión pública chilena el uso de este tipo de materiales para eliminar opositores a la dictadura, recordemos el caso del químico Berríos y a Michael Townley”, expresó.
Para la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, este hallazgo puede relacionarse con causas que están en proceso, como la que investiga la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva.
“Aquí hay más casos, aparte de Eduardo Frei, aparte de Carmen Osorio, aparte del intento de asesinato que se hizo en la cárcel pública donde murieron algunos prisioneros políticos y uno de ellos perdió sus cuerdas vocales, quedando con secuelas para el resto de su vida. En el marco de los 40 años, queremos realmente avanzar en la verdad y la justicia, que el Poder Judicial tenga realmente la prueba de que había una política sistemática de exterminar a los opositores chilenos”, manifestó.
Ingrid Heitmann fue directora del ISP entre 2007 y 2010, durante el Gobierno de Michelle Bachelet, y según ella misma aseguró a la DPA, no dio a conocer este descubrimiento a ninguno de sus superiores
La botulina, que provoca parálisis muscular progresiva, está prohibida por las convenciones de Ginebra y la Convención sobre Armas Químicas como arma de destrucción masiva.