De acuerdo con la Comisión Nacional de Desminado, desde el año 1970 a la fecha 151 personas han resultado accidentadas por minas terrestres y restos de explosivos militares, de las cuales 122 resultaron con heridas de diversa consideración y 29 casos han sido fatales. El 60% de los accidentados son militares, mientras el 40% son civiles.

Así lo informó el coronel Juan Mendoza, Secretario Ejecutivo del organismo dependiente del Ministerio de Defensa, quien destacó que desde 2012 a la fecha se ha detectado y destruido cerca del 40% de todas las minas antipersonales del país, cuando aún contamos con ocho años más para realizar la limpieza de acuerdo al tratado de Ottawa al que Chile suscribió en 1997.

Sin embargo, las palabras del coronel no dieron confianza a las ONG que trabajan en este tema. Elir Rojas, director de la Organización No Gubernamental Centro Zona Minada indicó que en febrero de este 2013 Mendoza, cumpliendo con lo que establece el tratado, envió un informe a las Comisiones de Derechos Humanos, Defensa, Relaciones Exteriores y Salud, pero de carácter reservado. Luego descubrieron que allí se informaba sobre la integración de la sociedad civil en el proceso de desminado, lo que, afirmó, es absolutamente falso. Además, el especialista criticó el funcionamiento de la Comisión.

“Aquí hay una situación de inconstitucionalidad, falta a la ley de transparencia, falta a la ley de información, a la ley de integración de la sociedad civil, que eso no se cumple. Entonces, claramente requiere la otra mirada. El Ejército autocertifica sus procesos. Esta Comisión Nacional de Desminado autocertifica sus procesos, es decir, no hay un organismo, una organización neutral que no sea el mismo Ejército que verifique esta situación”, afirmó.

Vale señalar que este tema toma particular importancia en épocas como esta, cuando, por ejemplo, debido a fenómenos del clima, como la nieve en San Pedro de Atacama, estas minas podrían movilizarse generando graves accidentes. En ese sentido, la alcaldesa, Sandra Berna, puso en duda la fidelidad de las fechas de cumplimiento global del desminado cuando hay un porcentaje de la ubicación de estas minas que siempre se va a desconocer.

“Siempre hay un desplazamiento de terreno y junto con el terreno se desplazan estas minas antipersonales, que existen todavía. Ahora, puede haber una entre cientos que se hayan desplazado y pueden pasar muchas cosas, es como cuando uno tira muchas plumas al viento y después es difícil recogerlas todas. Es como buscar una aguja en un pajar”, señaló.

Vale señalar que el plazo de ocho años restante fue solicitado a través de una prórroga, cuando después de un decenio de trabajo nuestro país cumplió sólo con un 25% del proceso de avance en el retiro de las minas identificadas. En ese sentido  Marco Veloso, gerente de una firma privada dedicada al desminado humanitario cuestionó que sólo competa a la Comisión Nacional de Desminado esta función.

“Más del 80% del desminado del mundo lo realizan empresas del sector privado, el caso opuesto de lo que ocurre acá en Chie que básicamente es la Comisión Nacional de Desminado quien realiza solamente estos trabajos. Lamentablemente, la Comisión Nacional de Desminado mantiene un monopolio porque son ellos los que con un presupuesto aproximado de 5 millones de dólares anuales desminan en el norte y el sur de Chile”, expresó.

La Comisión también reconoció que una de las tareas que tienen es la asistencia a víctimas y que han ido recogiendo los antecedentes de las personas que han sufrido accidentes. No obstante, las organizaciones criticaron que en todo este tiempo no existan vías claras y efectivas para proteger a quienes viven con esta amenaza.

Por estos temas es que se está pidiendo que se re-planifique la forma en la que el Estado enfrenta este labor, se entreguen los recursos necesarios y se abran las alternativas para lograr cumplir esta vez y, en el menor plazo posible, con los compromisos internacionales.