Por estos días, cada vez más cerca del próximo 11 de septiembre, mucho se habla en torno a las conmemoraciones y actos que se harán este año, cuando se cumplen 40 años del golpe de Estado.

Desde el Gobierno se hace un llamado a la reflexión, al respeto y a la unión y se prepara un acto recordatorio y también una misa que buscan una “conmemoración de una fecha dolorosa, triste, de desunión, de mucho sufrimiento, que sea desde la autoridad republicana, con mucho respeto y que dé la posibilidad de reflexionar de lo que nos sucedió en el pasado”, dijo la ministra vocera de gobierno, Cecilia Pérez en cuanto a las peticiones hechas por el presidente Piñera para ese día.

Mientras, la primera dama, Cecilia Morel, generó polémica al recordar la fecha con su experiencia personal señalando que, junto al presidente, pudieron haber sido detenidos desaparecidos, sólo salvándose por la proximidad de su matrimonio y la empatía de quien los había detenido por andar sin documentos.

Desde la sociedad civil, las organizaciones de Derechos Humanos y también las víctimas de actos de tortura durante esa época plantean que esta reconciliación se dará como una consecuencia, después de haber trabajado en materias pendientes.

Así lo señaló Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional Chile, quien más que conmemoraciones plantea necesario avanzar en las deudas, la justicia y la reparación.

En este sentido, la experta en temas de derechos humanos señaló que “la reconciliación, de alguna manera, es una consecuencia de que esos derechos humanos, de que esos derechos de las víctimas estén satisfechos, y eso es algo de lo que en Chile todavía falta bastante por avanzar en todas las materias. La verdad son bastantes los pasos concretos que se podrían estar dando, tiene que ver por supuesto con las investigaciones judiciales que se están haciendo y el asegurar que las personas que sean condenadas en esas investigaciones tengan penas proporcionales con los delitos gravísimos que cometieron”.

Roberto Celedón, abogado del recordado caso Anfruns, mantiene la misma línea. Para el litigante es necesario resolver deudas históricas, sobre todo avanzar en conocer verdades aún no resueltas.

En cuanto a la contingencia y la proximidad de la fecha, Juana Aguilera, presidenta de la Comisión Ética Contra la Tortura, ve las acciones del Gobierno y también los gestos de políticos -haciendo alusión a la petición de perdón del senador UDI Hernán Larraín -como respuestas a un momento histórico puntual, más que con una verdadera política en materia de Derechos Humanos.

Juana Aguilera señaló la importancia de caminar resolviendo deudas: “Nosotros queremos, por ejemplo, conocer qué paso con los niños de las mujeres que estaban embarazadas al momento de ser detenidas y que hoy están desaparecidas, queremos saber cuántos niños de otros países que estuvieron en la Operación Cóndor pasaron por Chile, queremos saber cuántos extranjeros fueron asesinados en nuestro país, y que Chile como Estado le debe disculpas públicas a otros Estados por estos crímenes cometidos en el país, queremos saber todo lo pendiente respecto del exilio que todavía no se aborda”.

En esa misma línea declaró a un medio internacional la senadora socialista, Isabel Allende, quien aseguró “no creer en las reconciliaciones forzadas”, aseguró que son procesos y “lo que falta, para empezar, es mucha verdad”.

Para José Zalaquett, abogado y miembro de la Comisión Rettig, en Chile se ha avanzado más que en muchos países en materia de derechos fundamentales. Sin embargo, es necesario que los sectores civiles que participaron del Golpe, aclaren sus implicancias.

Po esto, el abogado Zalaquett enfatizó que “todavía falta de la verdad y el reconocimiento de parte de los sectores civiles que colaboraron directamente, no digo que se beneficiaron indirectamente, sino que colaboraron con tareas de desinformación, como por ejemplo, la prensa de esa época: El Mercurio, La Segunda, el mismo canal de Televisión Nacional que era utilizado por el Gobierno como un alto parlante de su desinformación para inducir a error al público televidente o al público lector”.

De esta manera, son muchas las voces que, a casi 40 años de ese 11 de Septiembre de 1973, plantean que en Chile se ha avanzado, pero que falta mucho en materia judicial para empezar a pensar en un proceso de reconciliación que viene como consecuencia de un trabajo profundo sobre la verdad.

En cuanto a los preparativos planteados desde el Gobierno en materias de seguridad, el Ministro del Interior Andrés Chadwick, anunció un plan policial para combatir los proobables hechos de violencia política, previo al 11 de septiembre, esto a raíz de la quema de cinco buses de Transantiago.