La Defensoría Penal Pública, institución del Estado que proporciona defensa penal a los imputados o acusados por un crimen, un delito o una falta, cuando las personas carecen de abogado, lanzó el texto “Proyecto Inocentes”, con el cual busca asentar un debate respecto de la racionalidad de los procesos policiales, judiciales y civiles, cuando se detiene, juzga y sobre todo cuando se condena a personas inocentes.

La presentación sucedió en el Centro Cultural Palacio de La Moneda, en Santiago, donde la Defensoría asumió que ningún sistema judicial es perfecto, pero al mismo tiempo considera que es necesario que a este debate concurran entidades como el Ministerio Público (que defiende a víctimas y testigos), las dos policías y el Gobierno, porque ya existe clara identificación –según dijeron- de los errores recurrentes del sistema.

A través del estudio de 29 casos recientes de personas injustamente castigadas o afectadas por el sistema judicial, la Defensoría Penal Pública, a través del defensor nacional Gregory Schubert, dijo que se requieren al menos tres cambios legislativos: primero, adaptar al nuevo Sistema Procesal Penal el pago de indemnizaciones; segundo, facilitar que se rehaga un juicio cuando una víctima reconoce que se equivocó al señalar a un sospechoso; y tercero, limitar el uso de testigos sin rostro, particularmente en juicios contra personas mapuches.

Schubert reconoció, eso sí, que la mayoría de las mejoras caben dentro de las buenas prácticas: “Se puede modificar la norma constitucional, para que las personas sean indemnizadas, como también las causales del recurso de revisión. Quien reconoció, siendo víctima del delito, que reconozca el error, es causal para un nuevo juicio, pero eso no es posible en la actual legislación”. Respecto a los testigos protegidos, destaca que “el problema de un testigo sin rostro es que no puede pesarse su credibilidad, entonces no deben ser presentados en un juicio”.

Entre las “buenas prácticas” necesarias está que, en una rueda para el reconocimiento de imputados, sólo se incluya a un sospechoso y que las demás personas sean “cebos”, para no confundir a la víctima. Otros requerimientos ya están incluidos en el Protocolo de Reconocimiento, que el Ministerio Público dio a conocer el 11 de julio pasado, pero se pide que algunas de estas prácticas sean legisladas por el Parlamento.

En opinión de la Defensoría, el principal estímulo para reducir los errores de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y del sistema judicial sería la actualización de los requisitos para indemnizar a personas injustamente condenadas, pues a la fecha este es un procedimiento que el Estado no indaga de manera automática sino que el afectado debe iniciar una demanda civil, y al mismo tiempo se piden requisitos propios del antiguo sistema inquisitivo, que no se corresponden con la realidad del nuevo Sistema Procesal Penal, que está vigente desde el año 2000.

Adicionalmente, el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, Mauricio Duce, dijo que en Estados Unidos, donde sí se realiza seguimiento sistemático a los errores judiciales, se ha comprobado que el 72% de las condenas erróneas se deben a identificación errónea de sospechosos o culpables. Las otras cinco causales de error son: la validación de una prueba pericial que es poco confiable; las confesiones falsas; el mal comportamiento de autoridades de persecución penal, como las policías o el Ministerio Público; la valoración de testigos poco confiables o mentirosos; y finalmente la inadecuada representación legal de los imputados.

El profesor Duce dijo que a la fecha la estadística es anecdótica porque no hay seguimiento institucional de este tema, pero expuso que en los recientes años ya se registra una treintena de casos, y que “se han identificado casos de personas condenadas cuya decisión es revertida por la Corte Suprema. Está el tema de la suplantación de identidad, casos que alguien suplanta a otro, es condenado, y al viajar la otra persona es notificada de una condena pendiente, sin que el sistema lo note”.

La Asociación Nacionales de Fiscales, que agrupa a 650 persecutores, comentó, a través de su presidente, Claudio Uribe, dijo que el sistema ya establece garantías necesarias para evitar estos problemas, y que “al año hay aproximadamente 150 mil personas condenadas en juicios, por lo que 29 casos no es una cifra digna de preocupación. Es peligroso facilitar la revisión de causas en base a que las victimas se desdigan, pasa que son intimidadas para ello. En el tema de las indemnizaciones, el objeto del proceso penal es declarar si es absuelta o culpable, entonces pensar en repartir indemnizaciones es algo que amerita una reflexión mayor”.

Para poner rostro a estos argumentos, la Defensoría Penal Pública puso a disposición de la ciudadanía los testimonios de personas injustamente sancionadas por los tribunales, los que pueden ser vistos en la página web institucional: www.dpp.cl