La reunión de la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH), que agrupa a federaciones de 30 universidades del país, se realizó en Concepción, región del Bío Bío, para afinar los últimos detalles del documento programático anunciado hace un mes por los principales voceros del movimiento social por la educación. Se decidió finalmente que el documento será oficializado en el 5 de septiembre, en el contexto de la marcha nacional con que se busca contrastar las propuestas del movimiento con los contenidos programáticos de las 9 candidaturas presidenciales, y al mismo tiempo conmemorar el 11 de septiembre del ’73.

En anfitrión de esta reunión, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción y vocero del Zonal Sur de la CONFECH, Javier Miranda, dijo que se decidió por incluir un enfoque sistémico para el documento, con la finalidad de abarcar formas de financiamiento para la nueva educación que están proponiendo. Es por ello que el texto desarrolla por ejemplo la necesidad de recuperar el cobre, puesto que el año 1971 el 95% del mineral era producido por Codelco, mientras que hoy es apenas el 30%.

En este sentido, el dirigente penquista señaló que “somos claros al hablar de fin al lucro no sólo con los recursos públicos, sino que fin al lucro y a los negocios en torno a la educación, somos claros al hablar de renacionalización del cobre, como una demanda central y estratégica fundamental para poder avanzar en la solución de los problemas en torno a los derechos sociales, y también el sumar demandas, como el fin a las AFP, como una demanda que ya se incorpora a los diferentes movimientos sociales”.

Además de los estudiantes universitarios y secundarios, el Movimiento Social por la Educación tiene representación del Colegio de Profesores; de la Coordinadora de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación (Corpade) y de los funcionarios de universitarios. Por ello, el vocero del Consejo Nacional de Trabajadores Universitarios de las 25 instituciones del Consejo de Rectores, Genaro Arriagada Plaza, dijo que su aporte al documento programático se encamina a denunciar proyectos legales del Gobierno con los cuales se busca dividir y debilitar a las organizaciones de trabajadores universitarios.

En esa línea, el dirigente del gremio de los trabajadores universitarios explicó que “las amenazas que se nos vienen a todo lo que significa Educación Superior en Chile y que perjudica a nuestros estudiantes, como también a la forma en que hoy los rectores quieren manejar las universidades estatales de Chile. Hay proyectos donde se pretende cambiar la legislación de empleados públicos de los trabajadores para hacerlas corporaciones de derecho. Por eso, estamos también en esta agenda social, para con conocimiento de lo que está ocurriendo defender lo que hoy significa la Educación Superior, tanto estatal, como la tradicional que hemos tenido en nuestro país”.

Por su parte, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), que agrupa a 25 liceos de la Región Metropolitana y a establecimientos de otras 8 regiones del país, declaró a través de su vocero Pablo Toro, que el documento del Movimiento Social por la Educación adolece de falta de consulta con las bases sociales, y al mismo tiempo relevó la demanda por participación de apoderados y estudiantes en las decisiones al interior de los liceos.

Por esto, el estudiante secundario enfatizó que “la construcción que tiene que hacer en cualquier documento que salga del movimiento estudiantil tiene que ser con las bases, no sacar documentos sólo para armar, sino lo que más nos importa es lo que tiene que ver con el tema del control comunitario. En un colegio consideramos que tienen que haber Consejos Escolares resolutivos, donde toda la comunidad pueda decidir. Por ejemplo, la experiencia del Colegio Republica Dominicana de La Florida, que fue ocupado por sus apoderados porque Carter lo quería cerrar, y ahora el colegio está funcionando con profesores aparte, los apoderados están organizado, los niños van a rendir los exámenes libres ahora a fin de año, para ver si la experiencia resulto o no”.

Aun cuando el detalle del documento programático del movimiento social por la educación se conoce el 5 de septiembre, los temas centrales son tres: Primero, la desmunicipalización de la educación primaria y secundaria; segundo; el fin al lucro con platas públicas en colegios subvencionados, institutos profesionales, centros de formación técnica y universidades; y tercero, el fortalecimiento de la educación pública gratuita, lo que significa revertir el derrumbe de la matrícula pública, que pasó de 57% en 1990 a 39% en 2011, mientras que en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que es referente habitual de la clase política para ciertos temas, la matrícula pública promedia al 80% del sistema educacional.

Casos judiciales por lucro

En días recientes, el Primer juzgado civil de Santiago rechazó una demanda millonaria presentada hace 6 años por estudiantes de la carrera de Criminalística de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), con la cual buscaban ser indemnizados por la publicidad engañosa. Importa recordar que la UTEM abrió la carrera de Criminalística justo antes de que empezara la Reforma Procesal Penal, pero finalmente la Policía de Investigaciones (PDI) creó sus propios laboratorios de criminalística, con lo cual los alumnos de la UTEM pagaron sumas millonarias por una carrera con cero campo laboral.

Hay 12 otras instituciones investigadas por la Fiscalía Metropolitana Oriente, en Ñuñoa, donde se busca establecer delitos de fraude al Fisco (porque el dinero destinado al Crédito con Aval del Estado no se usaría para los fines correspondientes), y evasión tributaria, a través de la movida contable de la triangulación de utilidades mediante empresas relacionadas, como inmobiliarias. Aquí se investiga a las universidades de Las Américas, AIEP, Andrés Bello, del Mar, Central, Finis Terrae, Autónoma, Santo Tomás, del Desarrollo, San Sebastián, Bernardo O’Higgins, y La República.

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