Bajo un clima de total desconocimiento por parte de la llamada “Plana Mayor” del Instituto Nacional de Estadísticas se tomó la decisión de realizar el salto de un llamado Censo “de hecho” a uno “de derecho”, con todas las dificultades que ello significaba.  Así lo indicó la ex jefa técnica del organismo, Marcela Cabezas, en declaraciones que entregó este lunes al Congreso Nacional.

“El cambio a nosotros nos fue comunicado, y digo comunicado, no consultado, el día 1 de septiembre, en un comité directivo del Censo, incluida en ese comité la jefa de operaciones del Censo. O sea, ella no tuvo idea del cambio, no fue consultada nunca previamente, a la jefa de operaciones no se le preguntó cuántas eran las personas que se requería para hacer el cambio del Censo, no se le consultó presupuesto, absolutamente nada. Ella se enteró igual que nosotros, el día 1 de septiembre. Ahí se nos dice que ya está aprobado por el ministro y el presidente. Ustedes entenderán que nosotros teníamos poco margen de acción”, explicó.

El cambio habría sido determinado sólo por tres personas, el ex Director, Francisco Labbé, el especialista en Censo, Eduardo Carrasco, y Mariana Alcérreca, ex asesora del Director y encargada de gestión interna. Esto sin que esto lo tuviera claro el entonces Ministro de Economía, Pablo Longueira y el Presidente Sebastián  Piñera.

Además, la ex jefa técnica indicó  que desconoce si los dos funcionarios estaban de acuerdo o participaron en esta decisión, ya que, después de que se desatara el escándalo, ambos demostraron su descontento con la medida en distintos medios de comunicación. Pese a esto, su versión fue en la misma línea que entregaron a la prensa, rechazando la tesis del error de los directivos y apoyando la de una franca manipulación de datos.

Las asistentes añadieron nuevos datos sobre el rol del grupo de asesores externos del ex Director. Estos no habrían sido contratados de forma directa y se investiga una triangulación de fondos para el pago de sus salarios. Sin embargo, tenían acceso a las cifras. Se trata del ingeniero comercial Sebastián Mathews Capetillo y de Maximiliano Raide Prune de los Jóvenes Líderes. El testimonio de la ex jefa de comunicaciones, Marcela Martínez, apunta a la recurrente filtración de material, proceso en que ambos podrían estar involucrados.

Después de estas declaraciones el presidente de la Comisión, el diputado DC, Juan Carlos Latorre, adelantó algunas de las primeras conclusiones que estaría adoptando la instancia fiscalizadora.

“Aquí el ex director, señor Labbé, apoyó su gestión en asesores que no tenían su origen y en personal especializado, técnico, del INE y más bien estaban asociados a un respaldo o un acompañamiento de su gestión en materias que no tomaron nunca en consideración las opiniones del personal que durante años ha cumplido esta responsabilidad en el INE”, acusó.

Vale señalar que entre los dichos de las ex funcionarias se ratificó que el actual director, Juan Eduardo Coyemans habría ido a pedirle trabajo al ex titular del organismo, con lo que los parlamentarios oficialistas se explicaron cierta “defensa” que habría realizado Coyemans a Labbé en su primera declaración. No obstante, para el diputado de Renovación Nacional, José Manuel Edwards, esto es un tema menor frente a la enorme encrucijada en la que nos encontramos, que es si rehacer o reparar el Censo 2012.

“Muchos de nosotros tenemos legítimas dudas de que un Censo abreviado, pero un Censo al fin y al cabo, el año 2015, puede tener resultados negativos por la falta de tiempo para la preparación completa. Y sería un escándalo que, habiendo tenido este problema el día de hoy, el 2015 tener un problema similar”, aseguró.

Esto cuando el mismo director del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, Celade, Dirk Jaspers, afirmó hace tan sólo unos días que se debe realizar pronto un nuevo censo y no reparar las viejas cifras. Esto es el foco de la discusión, cuando los datos del Censo son fundamentales para destinar recursos para políticas públicas.

La investigación continuará adelante, y según confirmó el presidente de la instancia, piensan solicitar su declaración al jefe gabinete ex del Ministro Logueira, algunos asesores que operan en el segundo piso de La Moneda, y a la directora de Ciper Chile, Mónica González. Además de pedir que vuelva a declarar el actual director y el actual ministro de Economía, Félix de Vicente, y por supuesto, esperar que Francisco Labbé concurra y no envíe su declaración por escrito nuevamente.