Dentro de las cifras del último documento del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC) destaca que un 63% de los encuestados opina que el golpe “destruyó la democracia” y aumenta a un 68% (10 puntos más que hace una década) los que creen que nunca hay razón para un golpe de Estado.
Una amplia mayoría, tres cuartos de la ciudadanía, creen que se mantienen las huellas dejadas por la dictadura y sólo un 12% cree lo contrario.
En distintos indicadores o ítems se aprecia que empeora la imagen del dictador Augusto Pinochet con el paso del tiempo. Un 76% cree que fue un dictador y un 9% lo considera “uno de los mejores gobernantes del siglo XX”, la mitad del apoyo que tenía en 2006 y un tercio, en comparación con 1996.
Entre otros datos, el director del CERC, Carlos Hunneus, destacó esta evolución que se agudizó con la democracia y con la alternancia en el poder, es decir, con la llegada de la Alianza, el sector heredero político del régimen.
Respecto de otros indicadores relevantes del sondeo, el analista político explicó que “piense usted que antes del Plebiscito de 1988 el 45% de los chilenos tenía una opinión que el gobierno no era malo, sino regular y un 29% tenía una opinión positiva del régimen, con la democracia y especialmente con la alternancia en el gobierno, la imagen del régimen empeoro y sin duda no se puede desconocer el hecho que el Mandatario fue ayudado en eso, porque estuvo por el NO en los tres plebiscitos que se hicieron durante el régimen anterior”.
El historiador Sergio Grez asegura que los resultados reflejan el entendimiento de la ciudadanía, de que no se puede construir una sociedad “sana y justa” sobre “el ocultamiento de una verdad histórica”.
Por esto, el también académico de la U. de Chile indicó que “esto es un desmentido a todas aquellas posiciones que pretenden hacer una suerte de borrón y cuenta nueva, miremos hacia adelante, el pasado no importa enterrémoslo, lo que importa es el futuro. La ciudadanía entiende de manera creciente que no se puede construir una sociedad sana, una sociedad justa sobre la base del olvido y del ocultamiento de la verdad histórica”.
Al mismo tiempo que se entregó la encuesta, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, se tomó las dependencias del programa de DDHH del ministerio del Interior, exigiendo hablar con el subsecretario Rodrigo Ubilla por la demora en procesos presentados en 2012, a los que sólo les falta una firma de la autoridad.
La dirigenta Alicia Lira dijo que esto deriva de la “política del empate y la reconciliación forzada”: “Esa ha sido una política de casi 24 años, de la política de los empates, de dar vuelta la hoja, de la reconciliación forzada, pero el tema de la verdad y la justicia, lo evitan. Hay de dos sectores, hablando de sectores de la Concertación como de la derecha, son sectores que les interesa dar vuelta la hoja y empezar de cero, pero eso es inaceptable cuando hoy en los tribunales de justicia hay 1.300 querella procesos abiertos, donde se está investigando”.
Tanto el historiador Grez como Alicia Lira lamentaron la falta de indicadores en la encuesta de la CERC que dieran cuenta de la percepción de la ciudadanía sobre las demandas de verdad y justicia, por parte de las principales víctimas de la dictadura y sus familias.
