“Los desaparecidos me tienen curco” es la frase con la que el ex Presidente de la Corte Suprema, Israel Bórquez, respondió ante las consultas acerca de las constantes desapariciones ilegales de opositores de la dictadura militar, ante las cuales negaban recursos de amparo.

El Poder Judicial rechazó unos 9.000 de ellos que pedían protección por personas detenidas de la dictadura.
Sólo uno de esos recursos fue acogido ya que el dirigente de las Juventudes comunistas, Carlos Humberto Contreras Maluje fue arrestado en la vía pública, en presencia de múltiples testigos, cuando se lanzó a las ruedas de un autobús para intentar huir de sus captores.

Ante este triste prontuario de los tribunales, en especial de la Corte Suprema, la Asociación Nacional de Magistrados decidió sumarse a las vopces que han pedido perdón por su papel durante la dictadura.

En la declaración, señalan que “nuestra judicatura incurrió en acciones y omisiones impropias de su función, al haberse negado, salvo aisladas pero valiosas excepciones que nos honran, a prestar protección a quienes reclamaron una y otra vez su intervención. La inadmisibilidad o el rechazo por parte de nuestros tribunales de miles de recursos de amparo, muchos de los cuales fueron fundadamente interpuestos en nombre de compatriotas de cuya suerte nunca más se supo”

“El Poder Judicial pudo y debió hacer mucho más, máxime cuando fue la única institución de la República que no fue intervenida por el gobierno de facto”.

En conversación con Radio Universidad de Chile, el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Rodrigo Cerda, explicó que al interior de su organización se vivió un importante proceso de reflexión “se empieza a sensibilizar el tema, en torno a nuestra obligaciones jurídicas y éticas como jueces y coincide además con la fecha, en que se cumplen 40 años del inicio de la dictadura militar”, sostuvo.

Rodrigo Cerda añadió que, desde el término de la dictadura, se ha dado un importante cambio en la actuación de los tribunales “efectivamente, si uno hace un recorrido de nuestra historia desde el 89 en adelante todo va cambiando, o sea, el retorno a la democracia, la suscripción de tratados internacionales sobre derechos humanos, una visión distinta del derecho con la constitucionalización del mismo, hace que el rol del juez, en un sistema democrático, sea muy distinta, de garantes de la democracia y de los derechos fundamentales de las personas”, apuntó.

Para Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), el gesto es muy importante porque proviene de los trabajadores del poder judicial, pero aún falta un cambio real a nivel de la institución.

“Quiero valorar el gesto, en tanto que se trata de trabajadores del poder judicial, no puedo negar aquello, espero que esto signifique, tanto en el poder judicial, como en todas las instituciones del país, empezar a avanzar de verdad en justicia plena y en cambios concretos, fundamentales para cambiar toda la institucionalidad heredada de la dictadura”, agregó la dirigente.

Lorena Pizarro añadió que este paso se enmarca en el remezón que ha generado en la conciencia de los chilenos el abundante material periodístico sobre los crímenes de la dictadura y, por lo mismo, criticó duramente a los dueños de los grandes medios que ocultaron la verdad por más de 40 años.

Hugo Dolmestch: “La Corte Suprema se reunió y apoyó el Golpe”

En entrevista con CNN Chile, el vocero de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, se refirió al emplazamiento hecho por los magistrados y al rol que jugó el Poder Judicial durante la dictadura militar.

“La Corte Suprema se reunió y apoyó el golpe militar” dijo Hugo Dolmestch donde argumentó que “fue un acierto que la Corte Suprema haya apoyado el golpe. De otro modo habría habido una dictadura absoluta”.

Al respecto agregó que “mientras no se sepa la verdad absoluta de lo que allí pasó, no podrá determinarse el grado de responsabilidad de quienes actuaron”.

El vocero de la Corte Suprema señaló además que “nunca pensé que el golpe pudiera ser necesario, pensé que esto tendría una solución democrática”, respecto de las responsabilidades que pudo tener el poder judicial en el Golpe de Estado, Dolmestch sostuvo que “hubo responsabilidad por acción, por omisión, aceptación. En mi pueblo, Parral, se comentaba que en Colonia Dignidad hubo torturas y desapariciones” por lo que se sabía de los abusos realizados por miembros de la dictadura”, agregó.

Hugo Dolmestch finalizó sosteniendo que la “plena justicia es imposible por lo que es algo casi utópico”, aunque sí agregó que “la verdad nos va a permitir explicarle a la juventud que esto no se vuelva a repetir” ya que cree “firmemente en la necesidad imperiosa de la reconciliación”.