Este miércoles, la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago determinó el arresto domiciliario total y arraigo nacional del sacerdote John O’Reilly, quien está formalizado por los supuestos abusos sexuales de dos niñas del Colegio Cumbres de Las Condes.

El tribunal de alzada capitalino anuló el fallo de la magistrada del 4° Juzgado de Garantía de Santiago, Andrea Díaz-Muñoz, quien dejó en libertad a O’Reilly por considerar que las pruebas presentadas en su contra no eran suficientes para acreditar los delitos.

La Fiscalía Oriente, que había pedido la prisión preventiva de O´Reilly, apeló el lunes pasado a la corte y tras los alegatos que se realizaron hoy en la mañana, el tribunal decidió de forma unánime que sí estaban acreditados los delitos, pero rechazó la prisión preventiva.

Tanto el abogado Nicolás Calvo que representa a la Fiscalía Oriente, como que su colega José Luis Escobar, querellante de parte de las familias de las dos menores rechazaron los criterios de la jueza y aseguraron que los antecedentes presentados contra O´Reilly son convincentes.

Calvo destacó que la revelación de esta denuncia fue espontánea de parte de la menor de las niñas, quien relató que realizaba juegos con  “el padre John”, quien le subía y bajaba la falda, describiendo que los hechos ocurrían en una oficina.

Por su lado, el querellante José Luis Escobar se mostró satisfecho con el fallo porque revoca la decisión de la jueza Andrea Díaz-Muñoz “en el sentido que ratifica que sí existen indicios suficientes respecto de la existencia de los hechos.

En tanto, el abogado defensor Luis Hermosilla insistió en los argumentos de la jueza, en cuanto a que las acusaciones de las niñas fueron inducidas, e insistió que el sacerdote puede esperar el juicio en libertad, porque tiene arraigo laboral y social.

Además, el defensor de O´Reilly dijo que espera que el juicio oral se realice lo antes posible y dijo que “estamos convencidos de que obtendremos la declaración de absoluta inocencia de mi defendido”.

La Fiscalía Oriente tiene un plazo de 120 días para investigar las denuncias de supuestos abusos sexuales de dos hermanas que tenían 6 y 10 años al momento de los hechos.