Luego de la reunión plenaria del máximo tribunal, que se convocó este viernes para responder a las interpelaciones de que fue objeto por parte del Presidente Piñera y de agrupaciones de familiares de víctimas de la dictadura, los 14 ministros supremos que asistieron al pleno decidieron en forma unánime leer una declaración, pero no responder preguntas.
En presencia del pleno, el presidente de la Suprema, Rubén Ballesteros, leyó la declaración que señala que en parte los atropellos a los Derechos Humanos se debieron a omisiones de jueces.
“Que frente a esta realidad no cabe sino reconocer que si esos atropellos efectivamente ocurrieron como lo fueron, en parte se debió a la omisión de la actividad de jueces de la época, que no hicieron lo suficiente para determinar la efectividad de dichas acciones delictuosas, las que por cierto ofenden a cualquier sociedad civilizada, pero principalmente de la Corte Suprema de entonces que no ejerció ningún liderazgo para representar este tipo de actividades desde que ella no podía ignorar su efectiva ocurrencia, toda vez que le fueron denunciadas a través de numerosos requerimientos jurisdiccionales que se promovían dentro de la esfera de su competencia, negando de esta manera la efectiva tutela judicial de que gozaban los afectados”, indicó Ballesteros.
Así, la Suprema explicitó acciones y omisiones que implicaron dejación de funciones jurisdiccionales que afectaron al Estado de Derecho.
Por esto, el presidente del máximo tribunal precisó que “no cabe otra actitud que no sea explicitar el reconocimiento de las graves acciones y omisiones que en ese entonces se incurrió, arrastrando con ello a parte de la judicatura del país, que claramente a la hora presente y con la mesura y altura de miras de hoy corresponde decir que constituyó una vejación de funciones jurisdiccionales, por lo que es tiempo de dejarlo en claro a todos los miembros actuales y futuros de la institución y a las generaciones ciudadanas que vengan, para que ese comportamiento no se repita por contradecir un Estado de derecho propio de una República democrática”
Finalmente, la declaración leída por Rubén Ballesteros instó a jueces y funcionarios del Poder Judicial a promover y reconocer los Derechos Humanos.
En esa línea, Rubén Ballesteros puntualizó que “esta Corte Suprema ha comprometido sus esfuerzos en el esclarecimiento de esta clase delitos e insta a todos los jueces de la República y funcionarios del Poder Judicial a persistir en tal tarea, como también al reconocimiento y promoción de los derechos humanos, tal cual lo prescribe la Constitución Política de la República”.
En la antesala de la conmemoración de los 40 años del Golpe de Estado de 1973, la Asociación Nacional de Magistrados de Chile, principal ente sindical que agrupa a 1000 jueces, pidió perdón por su actuar durante la dictadura, pero tras la declaración de la Corte Suprema, el Poder Judicial sigue siendo institucionalmente el único ente del Estado que no ha pedido perdón, en su caso por hechos relacionados con denegación de Justicia.