Utilizando un modelo epidemiológico, la autoridad de Salud pudo diagramar el flujo del agua contaminada, que durante la primera semana de septiembre intoxicó a cerca de 3 mil personas de Ovalle, en la región de Coquimbo. El norovirus, que generó masivos desórdenes intestinales en la población local, llegó al agua potable a través de la descarga de aguas servidas a esteros que conectaron con la red administrada por la empresa sanitaria Aguas de Valle, la cual se vio superada en su capacidad de tratamiento.

Así lo dio a conocer el Seremi de Salud de Coquimbo, Osvaldo Iribarren, quien dijo que el cloro residual encontrado en las siete muestras de agua analizadas, era inferior a lo estipulado por la normativa sanitaria.

El problema se generó, según la autoridad, a causa de la descarga realizada desde Punitaqui, aguas arriba de Ovalle, el domingo 1 de septiembre pasado: “El día domingo, en Punitaqui, hubo una festividad donde se junta gran cantidad de gente, lo que genera más aguas servidas. Estamos en la peor sequía, entonces la capacidad de dilución es bastante menor, y hay una sobrecarga con agua contaminada”.

En Ovalle se ha cuestionado la falta de control y fiscalización de la empresa Aguas del Valle, sumado a cuestionamientos de otros puntos del país, como la contaminación con arsénico registrado en Lampa y Quilicura, a causa de la contaminación de las napas subterráneas con líquidos percolados provenientes del vertedero y la planta de transferencia de residuos que existen en la zona norte de la Región Metropolitana.

También a la crítica reiterada por la dureza del agua en las ciudades del Norte de Chile, como Arica, Iquique, Antofagasta y Copiapó, a consecuencia de la actividad minera y la sobre-explotación de aguas superficiales y subterráneas.

La titular de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, Magaly Espinosa, ha señalado que la política de calidad del agua potable depende de la relación costo beneficio de este servicio: “Es un hecho anormal, pero son circunstancias que la empresa tiene que evaluar y saber evitar. Esto significa inversión, hay una decisión costo beneficio, entre tener mayor seguridad y traspasar eso a las tarifas de los usuarios. Pero hay que encontrar un equilibrio entre los costos que significa aumentar la seguridad y que esto no sea un impacto para los clientes”.

Por su parte, la ambientalista y directora de la ONG Chile Sustentable, Sara Larraín, lamenta la fragmentación que se ve en el Estado respecto de la gestión del agua, donde en su opinión no hay participación de las comunidades usuarias, y varios organismos controlan apenas pequeños ámbitos de este tema.

Larraín ejemplifica la crisis estructural de la gestión del agua en Chile: “Lo que ocurre es que hoy tenemos situaciones como la cuenca del río Copiapó, el río Loa o San Pedro y Melipilla donde la gente ya tiene problemas con agua de bebida”.

En efecto, la administración del agua es atendida a través de organismos tan múltiples y parcelados como la Dirección General de Aguas (DGA), que entrega derechos de uso; la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SUSS), que en teoría fiscaliza que las empresas sanitarias cumplan normas de calidad para consumo humano; o el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), que debería resguardar la situación de ríos y cuerpos de agua.