Desde hace casi tres meses, exactamente desde el 24 de junio, más de 90 chimeneas de termoeléctricas en el país debían tener implementado un sistema de monitoreo continuo de emisiones (CEMS) certificado. Sin embargo, a la fecha ninguna de ellas lo ha instalado y la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) no ha emitido ningún sumario sancionatorio por el incumplimiento.

El impacto que la combustión a carbón, principal combustible con el que funcionan estas centrales energéticas, tiene sobre las personas y el medio ambiente es una de las principales preocupaciones de los ambientalistas. Recordemos que por más de una década expertos y comunidades presionaron para poder obtener una medición de los índices de partículas de contaminación, situación que había sido zanjado con el decreto que exigía a las empresas iniciar un monitoreo constante de sus emisiones.

Hace tres meses la primera etapa del decreto debía estar en ejecución. Sin embargo, desde el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) denuncian que ninguna empresa ha implementado el sistema y, lo que sería más grave aún, la SMA no ha fiscalizado la irregularidad, explicó su director Lucio Cuenca, quien durante la mañana del lunes ingresó una presentación a la Contraloría General de la República, exigiendo que se investigue el rol fiscalizador de la entidad.

En este sentido, el director de OLCA señaló que “acá estamos hablando de un instrumento tecnológico que permite dar monitoreo continúo a las emisiones, y ni siquiera eso que tiene que ser fiscalizado, y tiene que ser aprobado por la superintendencia de Medioambiente hoy de le está dando cumplimiento y lo más grave que ante la flagrancia de las empresas la superintendencia de Medioambiente no hace absolutamente nada. Hoy deberían estar sumariadas todas las empresas termoeléctricas del país que no tienen este sistema de monitoreo aprobado, certificado y con resolución de la propia superintendencia de Medioambiente”.

En la denuncia exige que se investiguen las razones para dilatar la aplicación de la ley, indicó el abogado Álvaro Toro quien adelantó los pasos de OLCA para lograr que se fiscalice la presunta irregularidad.

En esa línea, el abogado del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales indicó que  “vamos a poner en antecedente en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados para que cumpla su rol fiscalizador y también vamos a invitar a las diversas comunidades a que ellos también hagan presentaciones en cada una de las centrales en que se ven afectados, para que con esto se genere un ambiente de preocupación y de presión hacia la autoridad ambiental y pueda ponerse a tajo a esta desidia”.

La termoeléctrica Castilla, ubicada en la región de Atacama, ha sido un cuestionado proyecto energético. Juan Morales, miembro de la junta de vecinos de Totoral –activos detractores del proyecto- afirma que nada avanza si no existe una entidad que fiscalice el accionar de las empresas.

Por esto, el dirigente de la junta de vecinos de Totoral explicó que “se puede hacer una ley, se pueden hacer muchas normas, pero mientras la superintendencia de Medioambiente no realice este tipo de fiscalizaciones que tiene la obligación de hacer a las empresas no van a servir de nada, frente a toda la publicidad mediática que le hacen a la producción de energía sucia en Chile siempre ha estado que cumplen con altos estándares, pero si no tenemos la institucionalidad que esté dispuesta a aplicar sanciones, a realizar las fiscalizaciones, no va a servir de nada”.

En cuanto a la medida de monitoreo, recordemos que a mediados de 2011 se publicó el “Protocolo para Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones” válido para los implementados por las megas fuentes afectas al Plan de Prevención y Descontaminación Ambiental de la Región Metropolitana, y en enero de este año se dictó el “Protocolo para la Validación de Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones en Centrales Termoeléctricas”.

Este 24 de junio se debía cumplir con la primera exigencia de la Norma de Emisión para Centrales Termoeléctricas, es decir, la instalación y certificación de un CEMS de acuerdo a la Parte 75. No obstante, hasta la fecha, no habría ninguna central certificada.