Señor Director,

Llegó el momento de limpiar la historia de nuestro país, esclarecer el rol jugado por las FFAA en el golpe cívico militar de 1973, clarificar sus responsabilidades, como institución, en este hecho y durante la dictadura cívico militar que gobernó al país por 17 años. Con un discurso ingenuo al borde de la cobardía, ningún gobernante, en los 23 años de democracia, ha pedido cuentas por esto, lo que le hace mal al país y a las propias FFAA.

Es un hecho comprobado e indesmentible que el golpe cívico militar fue planificado en un nivel político y ejecutado por las FFAA a través del mando institucional. Pinochet, Leigh, Merino y Mendoza, traicionaron su juramento, violentaron la Constitución y las Leyes, insubordinándose al poder civil constituido democráticamente y por voto popular.

Hoy está demostrado que la derecha, la extrema derecha ( Patria y libertad), la directiva de la Democracia Cristiana, el gobierno norteamericano de la época, empresarios y el mercurio, apoyados por sectores de la iglesia, crearon el clima político y el caos económico para justificar la intervención militar. Parece que se olvidó el hecho que Patria y Libertad en acuerdo con ofíciales del ejército, asesinaron al Comandante en jefe del Ejercito de Chile, general Rene Schneider y al edecán de presidencial, el Capitán de Navío Arturo Araya Peeters, con el objetivo de impedir que Allende asumiera el gobierno y para incentivar la intervención militar.

La responsabilidad de todos estos golpistas es manifiesta, fueron esas fuerzas políticas las que convirtieron al ejército y a las otras ramas de la defensa nacional en el brazo armado de sus intereses.

Por eso suena hasta ridículo seguir insistiendo, sin antes hacer una reflexión profunda de la indesmentible participación del Ejercito en estos hechos, que las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Orden simbolizan la unidad de Chile. Por este pasado reciente, estas ya no aseguran como lo declara la UDI y la RN,  la integridad territorial y la identidad histórico-cultural de la Patria, ya no garantizan el orden institucional de la República, las FFAA rompieron su carácter de instituciones profesionales, sujetas al orden jurídico y desde el 11 de septiembre de 1973 son  deliberantes.

No es justo entonces, para el futuro de las FFAA y para las nuevas generaciones de Oficiales y Suboficiales, que la herencia de la dictadura, fundamentada en una historia distorsionada, les obligue a tomar  responsabilidades que no tienen y que enlodan su historia y tradición. Los actuales mandos militares deben actuar con responsabilidad y terminar con las justificaciones que amparan los horrores cometidos, por militares, durante la dictadura cívico militar.

Deben terminar con la versión que han asumido como institución por cuarenta años,  justificando bajo el falso supuesto de haber librado una guerra en contra del marxismo, a los Oficiales y Suboficiales del ejercito, la Fuerza Aérea, la Marina y Carabineros, ( además de los civiles ) que participaron en la conspiración que originó el golpe cívico militar y en la dictadura que encabezó Pinochet. De una vez por todas deben reconocer que esa guerra no existió y que fue el pretexto para justificar el golpe cívico militar de 1973, así como la represión, la tortura, el exilio, la relegación, el asesinato y las desapariciones de personas.

Bajo este subterfugio de la guerra, los organismos de seguridad DINA y CNI,  encargados de la represión política, fueron investidas por decreto presidencial, con atribuciones para realizar operaciones en Chile y en el extranjero contra ciudadanos chilenos opositores y aliados suyos.

Ninguno de los políticos de la derecha y algunos de la DC, que hoy esconden sus responsabilidades pueden ocultar el amparo político y legal que le concedieron a Pinochet, otorgándole poderes para proscribir a los movimientos y organizaciones de izquierda, para ampliar cuando este así lo quiso, los regímenes de emergencia, debilitando y atomizando la sociedad civil, instalando en funcionamiento un Consejo de Seguridad Nacional, controlado por las Fuerzas Armadas, con atribuciones de virtual veto sobre la institucionalidad constitucional.

Con estos poderes otorgados por sus socios civiles, el dictador Pinochet ordenó desenterrar, lanzar al mar y/o dinamitar los cadáveres y restos óseos de todos los ejecutados políticos tras el golpe militar de 1973, “la operación retiro de televisores”. Una operación destinada a borrar la huella de la barbarie en la que participaron Oficiales y Suboficiales de las FFAA, vehículos, aviones y buques, con recursos del estado de Chile.

¡Basta entonces de mentiras y justificaciones!, todo esto pasó en nuestro país y fueron nuestros compatriotas, miles, quienes terminaron asesinados y desaparecidos. Ya es tiempo que se haga justicia y sin olvidar el pasado.

Las FFAA como institución deben asumir un compromiso con los familiares de los detenidos ejecutados y desaparecidos, para que puedan encontrar los restos de sus seres queridos o aclarar las circunstancias de sus muertes. Corresponde que los generales, Oficiales Superiores y subalternos que estuvieron a cargo y que oficiaron de carceleros de los campos de concentración y exterminio, asuman su responsabilidad. De la misma manera que ministros, subsecretarios, alcaldes y otras autoridades en su conjunto, respondan por su complicidad en los crímenes cometidos bajo la dictadura.

Los Militares Patriotas, quienes nos opusimos al golpe cívico militar y no obedecimos ordenes para reprimir a nuestro pueblo, entregamos nuestra solidaridad y compromiso con los familiares de nuestros compatriotas asesinados y desparecidos. Desde nuestra posición moral nos hacemos eco del llamado nacional para que la justicia cumpla con su  papel y sin olvido:

¡Que se elimine el estado de guerra que ampara a los civiles y militares que planificaron y ejecutaron el golpe cívico militar de 1973!.

¡Que se eliminen las condecoraciones entregadas a civiles y militares por su participación en la guerra inexistente en contra del marxismo en Chile!

¡Que los tribunales de justicia declaren ilegales los consejos de guerra creados para  juzgar, encarcelar, exiliar o asesinar a Chilenos y Chilenas!.

¡Que la Justicia juzgue y expulse de las FFAA a quienes torturaron y asesinaron a compatriotas y que son probadamente autores de crímenes de lesa humanidad¡.

¡Que la justicia rompa el cobarde pacto  de silencio de las FFAA que protege a violadores de DDHH y culpables de crímenes de lesa humanidad!.

¡Que se individualice y juzgue a los Oficiales y Suboficiales del ejercito que estuvieron a cargo o actuaron de carceleros en los distintos campos  de concentración y de exterminio!.

¡Que se cierren las cárceles de lujo en las cuales están algunos de los criminales culpables de crímenes de lesa humanidad!.

Dr. Enrique Villanueva Molina

Vicepresidente

Centro de Estudios Militares Patriotas

CEEFA-73