Rechazo transversal despierta petición de la industria salmonera de trasladarse a la zona austral

En medio de las discusiones para avanzar en un reglamento sanitario los empresarios del salmón pedirán al Gobierno permitir el traslado de concesiones a áreas con menor riesgo. Esto genera desconfianza de trabajadores, centros de investigación y ambientalistas, para quienes esta conducta es “sumamente irresponsable” ya que la misma industria no puede sustentarla.

En medio de las discusiones para avanzar en un reglamento sanitario los empresarios del salmón pedirán al Gobierno permitir el traslado de concesiones a áreas con menor riesgo. Esto genera desconfianza de trabajadores, centros de investigación y ambientalistas, para quienes esta conducta es “sumamente irresponsable” ya que la misma industria no puede sustentarla.

El próximo 7 de octubre en la Comisión Nacional de Acuicultura, organismo dependiente de la Subsecretaría de Pesca, realizará la discusión del Reglamento Sanitario. En tanto, el principal gremio salmonero ya prepara la propuesta que presentará al Gobierno.

Según postulan en la industria las empresas salmoneras están enfrentando una nueva crisis, ahora producto del alza en los costos ante una la mayor regulación después de la llegada  del virus ISA. En varias ocasiones las compañías han hecho un llamado a las autoridades para frenar la pérdida de competitividad.

Ahora, se buscaría extender las concesiones hacia “aguas con menor riesgo”, es decir, facilitar la segunda etapa de expansión, desde Aysén hacia Magallanes, sobre lo que se refirió Alejandro Salinas del Observatorio Laboral y Ambiental de Chiloé (OLACH).

En este sentido, el experto del Observatorio indicó que “es bastante precipitada o irresponsable de parte de la industria de hacer una propuesta de expansión hacia zonas más australes, de aguas más limpias, dado que desde la crisis del virus ISA se suponía que la industria con todas las regulaciones que se introdujeron desde el Estado iba a ser piadosa en el resguardo de los ecosistemas y el medio ambiente en los cuales ella intervenían. No cumplieron con estas expectativas”.

Esto sería parte de una más de las medidas que han adoptado para levantar la industria. Otra es la que comentó a Pulso la presidenta de Salmon Chile, María Eugenia Wagner, quien indicó que sostienen un trabajo conjunto con las autoridades para definir la regulación. “El trabajo conviene tanto a la industria como al Estado”, afirmó. A su juicio se “necesita que la industria haga bien las cosas, pero no sobre-regularla”.

Esta aseveración de Wagner molestó al director de la ONG Ecoceanos, Juan Carlos Cárdenas: “Llama la atención el hecho de que la directora de Salmon Chile señale que están trabajando en conjunto con SubPesca para determinar qué normativas ya no son necesarias y habría que eliminarlas, lo que es un hecho muy grave porque la industria salmonera son los regulados del sistema y entonces los regulados están trabajando con los reguladores para señalarles que es lo que se tiene que eliminar, dejar o adecuar y en ese proceso no hay ningún control público”.

Cárdenas recordó que la industria salmonera hoy está sumamente endeudada con los bancos por los créditos contraídos para poder hacerle frente al ISA. En ese sentido, los trabajadores afirmaron que es inexplicable que los empresarios busquen expandir aún más las concesiones cuando ni siquiera pueden mejorar la condición de sus empleados.

Por esto, Ricardo Casas, presidente de la Federación de Trabajadores de las Industrias Pesqueras de Puerto  Montt dijo “aquí hay una situación respecto de los trabajadores que es desigual, con las mismas prácticas de siempre, con bajos salarios, negociaciones colectivas paupérrimas, prácticas antisindicales y en realidad no hemos podido sentarnos a conversar seriamente con la industria porque ellos operan como si nosotros no existiéramos, y en el tema de la expansión si ellos no son capaces de sostenerse o cualquier negocio que no sea capaz de sostenerse tiene que desaparecer”.

Por todas estas razones es que trabajadores, centros de investigación y ambientalistas desconfían de los pasos de la industria y apuntan a la necesidad de generar una regulación real, que incorpore un mayor nivel de investigación por parte de universidades y otros organismos especializados para evitar seguir repitiendo errores que pueden ser graves para nuestra economía.





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