Las organizaciones exigen al Gobierno que aplique la ley de protección cetácea del 2008, que haya una moratoria a la expansión de la industria salmonera y que se apliquen los planes de contingencia para proteger a las especies en peligro.
Mientras en naciones desarrolladas derechamente se termina con la concesión de empresas por fallas en los centros de cultivo, en Chile las compañías solo están obligadas a capturar el 10 por ciento del total de ejemplares fugados.
La reciente denuncia sobre el falseamiento de la cantidad de peces muertos en un centro de cultivo de la compañía noruega encendió las alarmas sobre si la práctica u otro tipo de ilegalidades es frecuente en las empresas del rubro. Organizaciones ecologistas llaman a intensificar las fiscalizaciones por parte de los organismos estatales.
El Centro Ecocéanos exigió a la representante diplomática, que las compañías de capitales de dicho país europeo, produzcan bajo las mismas estrictas normativas con las que se rigen en la nación nórdica o retiren sus proyectos acuícolas de la Patagonia.
Dirigentes sindicales del sector alertan sobre la indefensión en la que se encuentran ante las empresas trasnacionales exportadoras, especialmente las mujeres trabajadoras. Restricciones para ir a servicios higiénicos, contratos que impiden beneficios de pre y post natal y desigualdad salarial son algunas de las irregularidades que denuncian.
En conversación con Radio Universidad de Chile, el director del Centro Ecocéanos, Juan Carlos Cárdenas denunció el trasfondo que existe a raíz de la “populista” campaña que está realizando el Ejecutivo para mitigar los impactos de una eventual “plaga” de lobos marinos que estarían arrasando pesquerías y afectando el desarrollo económico, principalmente en la región de Los Lagos.
Mediante un comunicado de prensa, Ecoceanos y las Comunidades Kawésqar señalan que la creación del Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos (AMCP-MU), surgió como una respuesta política-comunicacional de última hora frente a la defensa de las comunidades nómades canoeras de su mar ancestral en la región de Magallanes y Antártica chilena.
Una nueva legislación que se discute en el Senado establecerá penas para quienes infrinjan la Ley de Pesca. Desde las comunidades indígenas señalan que al no estar considerados dentro de las cuotas de pesca, serán castigados por extraer recursos del mar, lo cual perjudicará su economía y cultura.
En medio de las discusiones para avanzar en un reglamento sanitario los empresarios del salmón pedirán al Gobierno permitir el traslado de concesiones a áreas con menor riesgo. Esto genera desconfianza de trabajadores, centros de investigación y ambientalistas, para quienes esta conducta es “sumamente irresponsable” ya que la misma industria no puede sustentarla.
El coordinador de Ecosistemas fue entrevistado por Juan Pablo Cárdenas, un especial de prensa que abarca las características de Hidroaysén, un proyecto energético con falencias en su autorización que, a juicio de Orrego “denigran la institucionalidad ambiental”. En ello, abarca el desafío país de una matriz energética, y cómo la ciudadanía exige sumar su voz en el debate.
Estados Unidos suspendió el ingreso de salmón de la empresa Marine Harvest, firma noruega que opera en nuestro país. La sanción aplicada tanto al salmón fresco como congelado es producto del hallazgo el pasado 5 de junio de un cargamento contaminado con un químico cancerígeno en una partida de ese pescado de esta compañía nórdica. […]
Los lugareños solicitaron el cese de las funciones de Bocamina II, de Endesa, mientras se realiza una investigación que determine las causas de esta “marea roja”, que cubrió las playas de la zona. Este martes, la costa se cubrió nuevamente de miles langostinos y pequeños peces, que salían muertos de los ductos de las cuestionadas plantas energéticas.
