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Año XI, 12 de noviembre de 2019

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Organizaciones del Cono Sur preparan reclamación ante la CIDH por impactos de empresas mineras

Diversas organizaciones de diez países del cono Sur llegaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a denunciar que los Estados de Canadá y Brasil no se están haciendo cargo de la vulneración que cometen sus empresas en el resto del mundo. Entre los casos que se exponen estará el polémico proyecto Pascua Lama y sus impactos negativos tanto en Chile como Argentina.

Paula Correa A.

  Miércoles 30 de octubre 2013 18:14 hrs. 
pascua lama faena

En pleno proceso de audiencias temáticas está en Washington la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y cerca de treinta organizaciones sociales, ambientales y de dirigentes indígenas expondrán este viernes primero de noviembre para exigir que, tanto Canadá como Brasil, se hagan responsables de los daños que causan sus empresas en el medio ambiente, el tejido social y en la soberanía de los países en los que mantienen diversos proyectos de extracción.

Esto porque al llegar a invertir a los llamados países “en vías de desarrollo”, generan impactos que no asumen, con lo que se vulnera los Derechos Humanos de los habitantes de dichas localidades.

Dora Lucy, abogada colombiana que trabaja en conjunto a la Fundación para el Debido Proceso, explicó el sustento judicial de esta acción: “Los Estados hacen parte de la OEA y como parte de la OEA también hacen parte de la Declaración Americana del Sistema de Derechos Humanos, los incumplimientos de los Estados en materia de DD.HH. se ventilan en este escenario precisamente para buscar que estos países cambien esa actitud e implementen los mecanismos al interior de esos países. Lo que se hace en este primer paso que estamos dando es evidenciar que las víctimas no están teniendo recursos efectivos de protección a sus derechos, ni en Canadá, ni en Brasil.

Para ejemplificar los efectos de la operación de las empresas, se detectan conductas reiteradas o parámetros que se repiten en los diversos países. Éstos se ejemplifican a través de 25 casos, dentro de los cuales destaca la operación del proyecto Pascua Lama en Chile y Argentina. Por esto, también llegó un representante del Valle del Huasco en la región de Atacama, donde se ubica la minera de Barrick Gold. Se trata de Rubén Cruz, Diaguita de la Comunidad Patai Co.

Respecto de la actividad minera en el norte de Chile, el dirigente del pueblo Diaguita explicó que “estamos trabajando en la audiencia porque tenemos sólo 30 minutos, entonces mi exposición va a ser una parte de toda esa audiencia, ya que, se trata de una exposición que por primera vez se está haciendo de esta forma, en esta audiencia van a participar hermanos de Honduras, Colombia, Perú y de Guatemala”.

Se denuncia a Brasil por su acción a través de Conglomerados como OEBX o Vale, está última también llegó a Chile a con un proyecto que se ubica en el sector de Salamanca, muy cerquita de la también conflictiva Minera Los Pelambres. En cuanto a Canadá, Barrick es en Chile el mayor conflicto, pero no sólo lo hace en nuestro país.

En este ámbito, Lucio Cuenca, Director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA). Detalló que “en el caso chileno la inversión extranjera en Minería el 60% es canadiense, o sea, hay una proporción altísima de inversión canadiense y como en los otros países acá lo que se está poniendo énfasis es que hay una responsabilidad del Estado canadiense para incidir políticamente en los distintos países, por ejemplo, para que se modifiquen las leyes mineras, en el caso chileno para que se aprobara el Tratado Binacional Minero entre Chile y Argentina”.

La audiencia se realizará durante este primero de noviembre y luego la Comisión decidirá si emana recomendaciones a los Estados de Brasil y Canadá o si incluso le solicita que responda a esta.

Luego las organizaciones evaluarán si dan el segundo paso, que sería formalizar a ambos países en la modalidad de denuncias, con lo que la Comisión podría llegar a exigir que estos hagan cambios legales para sancionar a las empresas que cometen vulneraciones a los derechos humanos fuera de su territorio o modificar sus legislaciones de forma que los afectados en el exterior puedan demandar a las empresas desde sus propios países en caso de sufrir daños.