Este fin de semana, en medio del regreso de capitalinos a Santiago luego del fin de semana largo, una protesta produjo un atochamiento de consideración en la ruta 5, en el sector de Puente Longotoma.

La manifestación fue reprimida por Carabineros, con un saldo de 3 detenidos, pertenecientes al Movimiento de protección del medio ambiente de la zona y que busca evitar la instalación del proyecto “Planta de Concentración Magnética Dunas de Guallarauco” de la compañía minera Amistad S.A.

Dicha iniciativa pretende instalarse en el sector conocido como Dunas de Longotoma, que abarca 800 hectáreas de terreno rico en material arqueológico y con una flora y fauna diversa debido a la presencia de un humedal en la zona. De hecho, se calcula que al menos existe una variedad de 100 tipos de aves migratorias que anidan en el lugar.

Respecto de la riqueza arqueológica, en las Dunas de Longotoma se han registrado hallazgos de cerámicas y otros tipos de artefactos utilizados por pueblo pre colombinos, algunos de los cuáles pueden apreciarse en el Museo de La Ligua.

La molestia de los habitantes de localidades cercanas al campo dunar inicia luego que se conociera la presentación de un proyecto piloto al Servicio de Evaluación Ambiental de Valparaíso, de explotación industrial de arena con contenido mineral, el que, a juicio de las comunidades, solo se trata de una forma de saltarse la institucionalidad evitando cualquier tipo de evaluación.

Así lo cree el abogado de la Organización “Salvemos las dunas de Longotoma”, Ignacio García, quien cree que la legislación que permite “saltarse” la evaluación de impacto ambiental no corre en este caso.

En este sentido, el abogado de la organización ciudadana explicó que “si uno va en la mitad del desierto donde no hay nada y propone un proyecto menor de cinco mil toneladas, probablemente no se debiera ingresar al Sistema de Evaluación Ambiental si se cumple con lo que implica la minera, pero en este caso es un lugar de un valor que nosotros lo vamos a aprobar, queremos iniciar las acciones legales todas pertinentes ante la superintendencia de Medio Ambiente, ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso con un recurso de protección”.

En efecto, la legislación señala que si un proyecto minero contempla un nivel de extracción inferior a 5 mil toneladas al mes, no es necesario que se realice un estudio de impacto ambiental.

De comprobarse la existencia de restos arqueológicos, debe hacerse, independiente del nivel de extracción, un estudio de impacto ambiental, lo que no ha sido considerado hasta el momento.

Además, a juicio del jurista, la solicitud inicial hecha por la minera Amistad S.A. contempla un espacio de 800 hectáreas a un plazo de 30 años, lo que daría luces de que la intención del proyecto es a una escala mayor.

Los vecinos además manifiestan sus dudas respecto de lo señalado por la propia empresa que ha sostenido que las labores de extracción no afectarán a la vegetación presente en el campo dunar, algo que resulta complicado, considerando que la vegetación abarca toda la extensión del lugar.

Para Ignacio García, la motivación principal de la comunidad no es ir en contra de la minería o los sectores productivos, sino que exigir que se cumpla con las normas establecidas en la legislación.

En esa línea, el dirigente vecinal Ignacio García afirmó que “simplemente tener objetivo más chicos, no se trata de ir en contra de la Minería, de ir en contra del desarrollo del país, sino que se trata de que las empresas efectivamente cumplan con la normativa ambiental, es un escándalo que una minera se vaya a instalar a un lugar de riqueza arqueológica y riqueza natural sin ingresar al SEA, porque la normativa ambiental y todas las políticas públicas que han sido creadas en los últimos años tienden a eso. Que una minera llegue y fácilmente eluda la legislación ambiental, es contra lo que nosotros queremos luchar”.

Los vecinos además acusan que la empresa minera Amistad S.A. habría entregado información falsa al SEA de Valparaíso para evitar someterse a un estudio de impacto ambiental.

Al respecto, la directora regional del SEA, Genoveva Razeto, sostuvo que la entidad tomó su decisión sobre la base de los antecedentes entregados por la empresa y que ahora corresponde a otros estamentos, como la Superintendencia del Medio Ambiente, efectuar las fiscalizaciones pertinentes.

De esta manera, la autoridad del SEA regional indicó que “nosotros recibimos por parte de la comunidad efectivamente una formulación de oposición y un rechazo a nuestra resolución. Yo sostuve una reunión con ellos donde me manifestaron sus aprehensiones y en virtud de ellos ingresaron esta denuncia a nuestro servicio y yo la derive a los servicios ambientales sectoriales para que se pronuncien al respecto”.

En efecto él SEA no tiene capacidad fiscalizadora, por lo que actúa sobre la base de la buena fe de los antecedentes entregados. Si una empresa incurre en la entrega de información falsa se expone de todas formas a multas o la revocación de los permisos.

La minera Amistad S.A. pertenece a los empresarios brasileños, Ibrahim Bittar Neto, Roberto Satoshi Yamamoto y Marco Antonio Dominici Paes, quienes además pretenden instalar proyectos en el humedal de Huentelauquén en la región de Coquimbo y en el sector de las dunas de Putú en la región del Maule, con denuncias similares de irregularidades en su instalación.

La organización “Salvemos las dunas de Longotoma” presentará durante esta semana un recurso de protección para evitar que se concrete la instalación de esta planta.