Hace veintitrés años Chile ratificó la Convención Internacional de Derechos del Niño, Niña y Adolescente (CIDN). Pese a ello, en septiembre de este año el país fue evaluado como el más atrasado en toda América Latina en materia de protección a la infancia.

La actual legislación, conocida como Ley de Menores, fue promulgada en 1968, contexto social que la hace un documento paternalista, donde se concibe a la población de menores de dieciocho años como un objeto de derechos y no como el sujeto ratificado por el país ante los organismos internacionales.

Durante años, la sociedad civil ha manifestado sus críticas al modelo, planteando primero, exigiendo después, que el Estado se haga cargo integralmente de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, promoviéndolos  y protegiéndolos amparados en las normativas internacionales.

Las asociaciones ligadas al tema, sostienen la necesidad de velar por el interés superior del niño, asegurar la no discriminación, garantizar su participación y autonomía, además de resguardar su supervivencia y desarrollo.

En conjunto con senadores de la Comisión de Constitución del Senado, el bloque por la niñez (que se compone de diversas organizaciones), presentó el pasado miércoles un proyecto de reforma constitucional para la protección de la infancia, la que esperan no duerma en el parlamento tal como ha pasado con proyectos como la ley de protección integral de Derechos de la Infancia, que desde diciembre de 2012 no cuenta con los patrocinios necesarios para su avance en el Congreso.

Desde la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas (ACHNU), Paulina Solis, abogada y subdirectora del equipo, critica la demora de diferentes gobiernos para avanzar en infancia y plantea la necesidad urgente de modernizar el sistema.

La experta espera que “esta reforma constitucional se constituya en un pilar básico y mínimo para generar todo el marco normativo de protección hacia los derechos de los niños, aquí estoy hablando de todos los derechos y para todos los niños, tener un marco universal de protección, no solamente lo que tenemos hoy día que es un marco de protección especial entregado al Sename y que claramente no está tutelando los derechos de los niños como debiera”.

Coincidente en la argumentación, Carolina Díaz, Coordinadora del Centro de Estudios de la Niñez de Corporación Opción, resalta la necesidad de fortalecer la institucionalidad en este cambio constitucional propuesto.

“Ya no basta con programas, ya no basta únicamente con una declaración, requerimos de cada uno de los elementos de reforma: que se reconozcan los derechos de los niños, que los principios de la Convención (CIDN) sean reconocidos constitucionalmente, que se reconozca el principio de la convivencia por responsabilidad parental… que se reconozca que es el Estado el responsable de los derechos de los niños, no es un acto de caridad o voluntarismo, en ese sentido el sistema de protección integral y la Defensoría de la Infancia son centrales en el proyecto” dijo la Coordinadora, recalcando la importancia de crear un órgano autónomo que ejerza como defensoría de la infancia, instancia planteada en la citada reforma.

Las deficiencias del sistema son múltiples, para el académico de la Universidad de Chile y Coordinador Académico del diplomado en Niñez y Políticas Públicas, promoción, instrumentos institucionales, prácticas y programas son parte de las mejoras que se deben hacer a la legislación actual: Por el lado de la promoción es mucho más complicado, porque en estricto rigor el país no ha generado políticas que permitan que niñas y niñas desarrollen en pleno sus capacidades y se hagan sujetos de sus propias vidas” explicó.

Muchos son los cuestionamientos que se le hacen a las políticas actuales, entre ellos la forma en que los niños, niñas y adolescentes enfrentan el sistema judicial. La victimización secundaria, es decir, el constante número de entrevistas a las que son sometidos posterior a una denuncia, son analizados por Fundación Amparo y Justicia en el marco de su campaña “No me preguntes más” que busca resguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente.

“Una de las cosas más dañinas es el exceso de entrevistas, también el hecho de que las entrevistas no las haga una persona especializada en entrevistas investigativas que no son lo mismo que las forenses, que las entrevistas no hagan distinción o no consideren la evolución cognitiva, el desarrollo emocional del niño, la edad o algunas dificultades en el lenguaje, la infraestructura, son todas materias que deberían mejorarse en el sistema” apuntó Paulina Leiva, Gerente General de la Fundación, quien destacó el avance que ha habido en materia judicial desde la Ley de Tribunales de Familia, elaborada desde los principios de la protección integral.

En febrero de 2015 Chile rinde un nuevo examen internacional, en el que se evaluará el desempeño del país en materia de protección integral. Mucho queda por trabajar si consideramos que, en septiembre de este año, la Relatora de la Infancia para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Rosa María Ortiz, calificó nuestro sistema como el más atrasado de América Latina, lo que se suma a las leyes que, pese a su fuerza publicitaria, no cuentan con los apoyos necesarios para entregarle al país el anhelado nuevo marco legislativo.