El anuncio de Barrick Gold desconcertó tanto a las comunidades opositoras como a los propios empresarios, quienes no comprenden que, con la trayectoria de gestiones del mega-proyecto binacional, se permita una serie de incumplimientos a su resolución de calificación ambiental (RCA).

Estas irregularidades llevaron a los tribunales a dictar su paralización en el lado chileno, dotando a los ambientalistas de argumentos para presionar en el extranjero y lograr, con el paso de los años, un nivel de encarecimiento que hace cada vez menos atractiva la inversión.

Para poder llevar adelante la iniciativa, los empresarios contaron con el apoyo de ambos Gobiernos, los que argumentaron qué se requería para potenciar las relaciones y otras inversiones bilaterales. Así, en el año 1997 se firmó el tratado minero binacional, en la administración de Eduardo Frei y Carlos Menen. Este ha sido fuertemente criticado, ya que implica una doble sesión de soberanía, tal como indicó la socióloga de la Universidad Nacional de Córdova, Mirta Antonelli.

“No hay ninguna retórica, como la que se usa en los discursos presidenciales, de hablar de la hermandad argentino-chilena ni trasponer las fronteras que separan a los países hermanos. Esa retórica, cuando uno lee el tratado, ve que claramente es eso, una retórica, porque el tratado es sumamente explícito y habla de las condiciones del negocio minero. Y el negocio minero es para Barrick Gold y, en particular, para lo que se considera el primer yacimiento bilateral en el mundo, es decir, la primera explotación a mega escala en manos de una sola empresa en zona de frontera”, señaló.

La especialista añadió que, desde entonces, se cambió la relación entre soberanía y territorio a favor de los conglomerados transnacionales y se amplió con la firma de las actas complementarias, que habilitan la frontera como un territorio para la ocupación de éstas.

Un grupo de senadores de nuestro país presentó un recurso al Tribunal Constitucional para intentar frenar este tratado, en el momento de ser ratificado por el parlamento. No se otorgó la inconstitucionalidad, pero sí se dejaron inutilizadas las facultades de la llamada “Comisión Administradora del Tratado”, lo que no ocurrió en Argentina.

El economista Julián Alcayaga, quien fue asesor del senador Jorge Lavanderos para esos entonces, afirmó que, pese a esto, el riesgo de amenaza a la soberanía nacional es permanente y hoy sigue vigente a través de un decreto que crea una aduana exclusiva para el proyecto.

“Si bien el servicio de aduana creó una aduana específica para Pascua Lama, ese decreto es ilegal y por lo tanto vamos a pedir a los tribunales de justicia la nulidad de derecho público del decreto exento que creó una aduana en Pascua Lama, porque eso es ilegal. Más que ilegal, es inconstitucional, porque es una aduana específica para el yacimiento Pascua Lama, donde no puede pasar ninguna otra persona o empresa por ese lado”, explicó.

Esto es una de las amenazas ocultas detrás de un tema mucho más notorio: el incumplimiento ambiental que gatilló de nuestro lado una multa de 16 millones 500 mil dólares y el siguiente recambio de su plana directiva ante situaciones que eran absolutamente evitables.

Para Alcayaga, sin embargo, si bien este pudiera parecer “el peor momento del proyecto minero”, los inversionistas están tranquilos, presionando de alguna manera con esta jugada de “supuesto retiro del proyecto”.

Recordemos que este lunes el vicepresidente de Barrick, Eduardo Olivares, se reunió en La Moneda con el ministro del Interior, Andrés Chadwick, y de Minería, Hernán de Solminihac, y afirmó que la suspensión es temporal y que busca “resolver las situaciones legales y de permiso y también la forma de optimizarlo en términos de los resultados económicos”.