La sexta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago decidió en forma unánime obligar al Gobierno a entregar la información sobre los nombres y honorarios que gana el equipo jurídico de Chile ante la Corte Internacional de La Haya. La resolución significa un respaldo contundente al Consejo para la Transparencia, que ya ha resuelto 7 mil amparos por información pública denegada a la ciudadanía, y también otro golpe para el Gobierno, luego que hace unos días la Justicia obligara también la entrega de correos electrónicos del ministro de Transportes, Pedro Pablo Errázuriz.

Se trata de un tema que en su momento tensionó al máximo la relación entre el Gobierno, por un lado, y el Consejo para la Transparencia, por otro. Como se sabe, este Consejo es la institución estatal autónoma encargada de fiscalizar el cumplimiento de la Ley 20.285 sobre transparencia y acceso a información pública. O sea, cuando un ministerio niega el acceso a información pública, es el Consejo para la Transparencia el que resuelve si esa negativa se ajusta o no a la ley.

Y en este caso, el Consejo decidió que el Ministerio de Relaciones Exteriores no se ajustó a la ley al negarle información pública a la ciudadana argentina Romina Colmann, quien pidió el detalle de los honorarios que reciben los abogados del equipo jurídico de Chile ante la Corte de La Haya, en el juicio por el diferendo marítimo con Perú.

Por esta decisión, el Gobierno amenazó incluso con enviar un proyecto legal al Congreso para limitar los poderes del Consejo para la Transparencia. Se adujo desde el Palacio de La Moneda que la entrega del monto de los honorarios pagados por el Estado a los abogados pondría en riesgo la estrategia jurídica de Chile, que temblaban los intereses y la seguridad del Estado, etc. Este argumento no sólo fue reproducido por diputados y senadores de los dos partidos de Gobierno (UDI y RN), sino por parlamentarios de todos los partidos de la Concertación.

Ante el fallo judicial, el director ejecutivo del Consejo para la Transparencia, Raúl Ferrada, reconoce que ese contexto político fue muy complejo para la defensa del derecho ciudadano a acceder a información pública, y destaca que la Corte haya refutado el argumento del Gobierno: “La Corte de Apelaciones descartó que se pudiera comprometer el interés nacional. Abunda profusamente sobre ese tema, y la sentencia lo que señala finalmente es que el hecho de dar a conocer los nombres de los abogados, que por lo demás era un antecedente que ya había sido difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y eran conocidos por la contraparte peruana, y el monto de los honorarios no afectaba el interés nacional porque no tenía que ver con la estrategia del juicio”, señaló Ferrada.

En este mismo sentido, desde la Fundación Pro Acceso, organización no gubernamental dedicada al estudio y seguimiento de los temas de transparencia y probidad, declara a través de su director jurídico, Rodrigo Mora, que este fallo significa un gran respaldo institucional para el Consejo para la Transparencia.

“Primero, creo que con este fallo se pone en prueba la institucionalidad del Consejo, el que finalmente demostró que no sucumbe fácilmente a las presiones políticas y es capaz de perseguir un razonamiento, cuando éste se ajusta al derecho. Creo que este caso es uno de los que más ha tensionado este tema, porque de verdad el Gobierno reaccionó con todo contra el Consejo. Lo segundo es que el fallo establece que no todo lo que se alegue como de interés o seguridad nacional es tal, sino que se debe comprobar que si se dan a conocer los nombres de los abogados, eso podría significar entorpecer la estrategia de defensa. Y en este caso el Gobierno se equivocó”, analizó el profesional.

En lo sustantivo, el Gobierno tiene plazo de una semana para decidir si apela contra esta resolución ante la Corte Suprema, o de lo contrario debe ceñirse al fallo y entregar el detalle de los honorarios que está pagando a los abogados que litigan en representación de Chile ante La Haya.

Importa señalar que la Ley 20.285 de transparencia y acceso a información pública rige sobre los 340 organismos dependientes del Gobierno, además de las 345 municipalidades.