El 13 de noviembre sus condenas habían sido confirmadas por la justicia de Brasil, pero ninguno de los 25 condenados en el caso del “mensalao” (mensualidad), la red de compra de votos a legisladores durante el primer gobierno de Lula Da Silva ha ido hasta ahora en prisión. En parte por una serie de recursos aún pendientes. Sin embargo, el Supremo Tribunal Federal dispuso la detención de doce de los 25 condenados, nueve de los cuales decicieron presentarse voluntariamente este viernes 15 de noviembre en diferentes dependencias policiales del país para cumplir con su castigo.

Poco antes de entrar en la sede de la policía de Sao Paulo, José Dirceu, quien fuera jefe de gabinete de Lula, prometió a través de una nota que “aún preso, permanecerá luchando para probar su inocencia y anular esta sentencia espúria”.

Más bulliciosa fue la entrada del diputado y expresidente del PT José Genoíno que, con el brazo en alto, lanzó vivas a su partido. Él también envió una carta a la prensa en la que afirma que “su proceso fue una operación mediática que estuvo marcada por injusticias”, y dijo considerarse “un preso político”.

Pese a la orden de detención, como los años de condena por corrupción activa son inferiores a ocho, los condenados pueden acceder al régimen de cárcel semiabierto, mediante el cual sólo deben dormir en prisión. Pero serán trasladados a Brasilia para pagar su castigo lo que ha motivado la protesta de los abogados defensores.

Además Dirceu y Genoíno y el extesorero del PT, Delubio Soares Soares, así como otro grupo de sentenciados, aún tienen pendiente un juicio por asociación ilícita para delinquir, y de confirmarse su responsabilidad quizás podría variar su régimen a encarcelamiento efectivo.

También compareció ante la policía este viernes el empresario Marcos Valerio, sindicado como operador del “mensalao” y sobre el que pesan 37 años de cárcel, la mayor de las condenas

Por su parte, en una nota de prensa, el izquierdista Partido de los Trabajadores, de la propia presidenta Dilma Rousseff, consideró que la ejecución inmediata de
las penas, cuando aún hay recursos pendientes de ser evaluados, “atenta contra
el principio de amplia defensa”.

El presidente Lula, que vio tambalear su gobierno por este escándalo, siempre declaró su inocencia y logró mantenerse al margen. Incluso fue reelecto en 2006 y dejó el poder en 2010 con niveles de popularidad históricos.