Con diversas actividades se conmemoró el aniversario del día contra la violencia hacia la mujer. Corporaciones de género y el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), han debatido distintos escenarios, tales como las cifras de violencia intrafamiliar o las percepciones que las propias mujeres tienen sobre su situación y condiciones de vida.
Entender la violencia contra la mujer implica necesariamente considerar lo simbólico como parte de la agresión que a diario se emprende contra lo femenino, donde lo público y lo privado son parte de un mismo acontecer, de una misma realidad que pone a las mujeres en frente de diversas situaciones de desigualdad.
Según la definición obtenida en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la violencia de género es “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública o privada”.
Por un lado están las lamentables cifras de violencia intrafamiliar, las que año tras año, y según las cifras oficiales, van en aumento; por otro, el mundo laboral, la participación política, los derechos en salud y el lenguaje, situaciones naturalizadas que también son parte de esta violencia vivida por las mujeres en el país.
Marcela Rocca, académica del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad de Chile, identifica como formas de violencia simbólica, por ejemplo, el plano del lenguaje: “La oralidad es uno de ellos, toda la carga oral del lenguaje transmitida a través de los medios de comunicación trae una carga de naturalizar la desigualdad de género. En lo que veas, en las noticias, en la forma de simbolizar a la mujer, ya estás ejerciendo una carga simbólica de excluirla, de relegarla a un ámbito, vincularla con la sexualidad o solamente con la falta de opinión, es violencia es muy difícil de sancionar y ese es su gran problema”, explicó la antropóloga social.
Asimismo, la académica agrega que, “otra violencia simbólica es el tema de los sueldos, las diferencias que hay en toda la vida pública, laboral. Es grave, porque se está minando la autonomía de la mujer en lo económico, con lo que minas un potencial de que las mujeres estén integradas, vinculadas a la sociedad”.
Cifrando la violencia en lo laboral, Gonzalo Durán, economista de Fundación Sol, habla del complicado escenario que miles de mujeres viven como consecuencia de esta discriminación.
“El 80% (de las mujeres) gana menos de $437.600, según datos de la última encuesta Casen que se tiene, por otro lado, en los trabajos denominados de cuello blanco, es decir profesionales, científicos, técnicos, dos de cada tres personas que ganan más de $850.000 son ocupados por hombres, efecto que en literatura se conoce como el techo de cristal, es decir, existe una barrera que es casi invisible, que mantiene a las mujeres fuera de los anillos de poder, independiente de las calificaciones o méritos profesionales”, explicó Durán.
Para el economista resulta interesante fijarse en la precarización del empleo, tendencia que se incrementa a través de los años: “En los últimos 42 meses, el 77% del empleo asalariado femenino que se ha creado es mediante régimen de externalización, vale decir, subcontrato, suministro o enganche de trabajadores, que son las peores formas de trabajo a nivel de régimen”, agregó.
Lo que pasa en las Isapres o las AFP también es constatado por los expertos como lógicas de discriminación de género, donde los planes más caros deben ser pagados por quienes perciben menos ingresos, situación que se complica en la vejez, donde las jubilaciones percibidas son, en promedio, 1/3 inferior a las masculinas, según información presentada por el Centro de Políticas Laborales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Estas formas de maltrato son definidas por Tatiana Hernández, socióloga del Observatorio de Género y Equidad, como “institucionalización de la violencia de género”.
La directora de Amnistía Internacional Chile, Ana Piquer, es enfática en señalar que todas estas formas de violencia “tienen que ver con un prejuicio respecto de cómo las mujeres debieran comportarse, como debieran teóricamente vivir su sexualidad, de como debieran vivir su rol de madres, como debieran ser las mujeres desde un estereotipo, desde un prejuicio. En ese sentido, la educación, la transparencia en la información, la capacidad de ver a las mujeres como entes autónomos capaces de tomar decisiones -en la medida que cuenten con la información suficiente para tomarlas libremente- es lo que está tras fondo de todo esto, de la violencia, del acceso a derechos, de los derechos sexuales y reproductivos, etc.”
Las niñas son doblemente invisibilizadas, tanto por su condición de infantes, como por la de ser mujeres, de la gravedad del incumplimiento de los compromisos del Estado, reflexionó Tatiana Hernández: “El Estado no les garantiza ser sujetos libres violencia, eso es algo que hay que garantizar con una ley integral de violencia de género o de violencia contra las mujeres. No hay ley de protección integral de la infancia, tampoco una de protección integral a la mujer, entonces las niñas están en mayor riesgo”.
“La Convención de Belem do para, es clara en advertir que las mujeres viven violencia en lo público y lo privado. Ahí se habla de que las mujeres vivimos violencia por el simple hecho de ser mujeres, donde estemos, donde participemos, por cómo se nos percibe y se nos piensa y el imaginario que se ha construido de los hombres y las mujeres en este mundo. En este sentido, el Estado chileno está incumpliendo, y los expertos se los han dicho con recomendaciones clarísimas al respecto”, concluyó la investigadora del Observatorio de Género y Equidad.
