Al Palacio de La Moneda concurrieron los dirigentes dos asociaciones de funcionarios del Ministerio Público, para repudiar la “suma urgencia” que el Gobierno le puso a la tramitación del proyecto legal llamado “de Fortalecimiento del Ministerio Público”, que busca crear la carrera funcionaria sólo para los 650 fiscales esta entidad, que representan apenas una fracción menor sobre el total de 3200 funcionarios de este organismo.
Recordemos que el Ministerio Público es un organismo estatal autónomo, que desde el año 1997 está encargado de dirigir la investigación de los delitos, llevar a los imputados a los tribunales cuando corresponde, y dar protección a víctimas y testigos.
Para modernizar esta institución, el Gobierno está impulsando un proyecto para que sea legislado con suma urgencia; es decir, con un plazo máximo de 15 días para cada una de las cámaras del Congreso. Ante esta velocidad de tramitación, los trabajadores del Ministerio Público, agrupados en la Asociación Nacional de Funcionarios (Anfumip) y la Federación de Trabajadores (Fenamip), además de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), entregaron una carta dirigida al Presidente Piñera.
El reclamo de los trabajadores, en voz del dirigente Mario Gutiérrez, consiste en que al garantizar la carrera funcionaria sólo para los fiscales, se va a incrementar aún más las brechas salariales con los demás funcionarios, teniendo presente que el Estado no paga asignación profesional para los estamentos administrativos y auxiliares, y éstos últimos están encasillados sólo en dos grados. Por esta razón principal, el dirigente avaló el actual paro del Ministerio Público, que alcanza al 60% de la institución y que antes del viernes llegaría al 100 por ciento.
Gutiérrez, presidente de la Federación de Trabajadores del Ministerio Público, informó que luego de la reunión del lunes con la autoridad, no se ha registrado otra aproximación para resolver este conflicto laboral.
Importa decir que hasta ahora el Gobierno del Presidente Piñera ha optado por atender exclusivamente la demanda de los fiscales, que son el estamento más influyente del Ministerio Público y que se encuentran colapsados en sus labores de investigación de los delitos. La Reforma Procesal Penal de 1997 estimó que cada fiscal investigaría 1000 casos anuales, pero a la fecha tienen a su cargo más de 2000.
