Hasta tribunales llegó el problema de que para seleccionar estudiantes las universidades estén considerando criterios distintos a los usados hasta ahora. Se pretende que, además del rendimiento en la Prueba de Selección (PSU) y de las notas en enseñanza media (NEM), también se le dé un cierto peso al ranking que cada estudiante obtiene cuando se lo compara con los pares de su colegio. Aunque algunos estudiantes que quieren entrar a las universidades el 2014 consideren que se les perjudica porque el cambio fue muy apurado, hasta este momento la justicia está permitiendo que las entidades de la educación superior cambien sus criterios. Pero el fondo del problema es otro.
En un Chile ideal habría diversas universidades, todas de buena calidad y con vacantes suficientes en todas las carreras para acoger a todos aquellos que quieran estudiar. Estas instituciones tendrían la confianza del país como para saber que los profesionales que de ahí egresen aportarán al país lo que el país necesita y reprobarán a los estudiantes que no cumplan estándares idóneos. Pero ahora veamos la realidad: aproximadamente 210 mil jóvenes egresarán de cuarto medio. Los Centros de Formación Técnica (CFTs) y los Institutos Profesionales (IPs) ofrecen alrededor de 65 mil y 127 mil vacantes de primer año, respectivamente, para carreras técnicas. Las universidades ofrecen alrededor de 152 mil vacantes de primer año para carreras de pregrado (incluyendo 15 mil de las que no tienen acreditación). Evidentemente la distribución territorial de esas vacantes requiere un análisis más pormenorizado, pero presumiendo que muchos jóvenes se desplazan a otras ciudades para estudiar, a primera vista pareciera que la oferta para la educación superior debería bastar.
El problema es que no da lo mismo en qué institución estudiar: la perspectiva laboral una vez que se egresa de algunas universidades no tiene comparación al panorama obtenido con otras. Así las cosas, sin entrar a discutir el criterio con el que se define “excelencia”, hay más disputa por estudiar en aquellas de excelencia que en las demás, de ahí que sea necesario seleccionar. Y se viene el otro lado de la moneda: si es necesario “seleccionar” es porque la “oferta” de estudiantes para las instituciones tampoco es homogénea: hay estudiantes que vienen muy bien preparados para guiarlos en su formación superior y hay estudiantes que apenas comprenden lo que leen y no saben resolver operaciones aritméticas básicas.
Aunque el gradiente de “calidad” de las instituciones y de los estudiantes no es binario (bueno o malo), de un modo general lo que las mejores instituciones hacen es tratar de quedarse con los mejores estudiantes dejándole a las malas instituciones los estudiantes malos. Entonces, la discusión sobre el peso del escalafón o del NEM en el ingreso a las instituciones es meramente una discusión contingente para cambiar lo que ocurrirá en ésta o en la próxima generación de estudiantes, pero que está muy lejos de solucionar el verdadero problema país: es necesario preparar mejor a los alumnos y es necesario fiscalizar mejor la calidad de las instituciones.
Y, como siempre, para ambos problemas es bueno revisar lo que ocurre en los países en donde las cosas funcionan mejor. Aunque suene majadero: para preparar mejor a los estudiantes la experiencia internacional dice que se requiere un potente sistema de educación pública. Es decir, de propiedad del Estado, cosa que en Chile la democracia de los acuerdos se esmeró en destruir. No se trata de prohibir las iniciativas privadas de educación, pero ¡el Estado debe tener su red de educación (parvularia, básica y media) con estándares exigibles y eso demanda un buen paquete de dinero que no es justo que se gaste subsidiando el lucro de las iniciativas privadas!
Para el otro problema, es decir, la calidad de las instituciones de educación superior, es necesario enfatizar que no hay ejemplo en el mundo que muestre que la fiscalización del Estado sea suficiente para promover la calidad de ellas: eso no quiere decir que todas las instituciones privadas sean inherentemente malas. Lo que pasa es que el espacio para la inversión privada en educación superior, aunque puede generar buenas instituciones (Harvard), también genera enormes desastres (University of Phoenix). Por lo tanto, no se puede permitir que dichas instituciones reciban dinero que debe ser invertido en proyectos de calidad. El sistema de acreditación institucional fracasó: no es correcto que 60 mil estudiantes matriculados en las universidades no acreditadas (17% de la matrícula no-CRUCH) hayan servido para financiar iniciativas privadas en un sistema que no ha demostrado cautelar el principio de no lucro estipulado por la ley. Lo correcto es fortalecer la educación superior estatal, con un estricto control de calidad, pero con financiamiento directo a las instituciones para que en un futuro no tan distante la promesa de gratuidad en las instituciones estatales pueda ser por derecho de ingreso y no por subsidio de becas. La única perspectiva de que haya suficientes universidades de calidad para que la selección no sea un tema es que el Estado apunte a una red de universidades estatales plenamente financiadas y de calidad.
* Académico de la Universidad de Chile, Senador Universitario (@jchnaide).
