Diversos gremios empresariales de la pequeña, mediana y gran empresa han saludado la elección de la doctora Michelle Bachelet como Presidenta, manifestando desde ya su disposición a colaborar con su Gobierno. En sus respectivas declaraciones públicas, entidades como Fedefruta y Sonami, han expresado el interés de reunirse para entregarle información sobre el desarrollo de sus sectores y poner sobre la mesa aquellos factores que, según el empresariado, explican el progreso de esas industrias en los últimos años.
Las entidades señalan, con razón, que las exportaciones frutícolas y mineras han permitido un relevante aporte al progreso del país (más del 60% del valor enviado al exterior), un éxito alcanzado gracias a diversidad de factores, pero “entre ellos, la estabilidad institucional, social y política; la protección de la propiedad privada; los equilibrios macroeconómicos; la libre competencia en todos los sectores –incluso en los servicios públicos regulados-; y la apertura al comercio internacional”. Como lo ha señalado la propia mandataria electa, todos estos son pilares que su Gobierno seguirá fortaleciendo, aunque en materias específicas pudieran surgir diferencias.
En efecto, Sonami recuerda, por ejemplo, que en el crecimiento de la actividad minera “han sido claves las garantías de no discriminación, así como la estabilidad y confiabilidad de las reglas del juego que ha otorgado el Decreto Ley 600 a la inversión extranjera”, norma que, como se ha informado, se pondrá en revisión por el nuevo Gobierno con el propósito de analizar su verdadero impacto en materia de recaudación fiscal versus la inversión que induce. Una situación similar se produce respecto del Fondo de Utilidades Tributarias (FUT) cuyo término gradual, si bien pudiera explicarse para las grandes empresas dado el enorme volumen de dichos compromisos, afectará el desarrollo de las Pymes. Como se sabe, esos créditos se elevan ya a casi el volumen del PIB chileno y tienden a distorsionar una mejor redistribución de la carga impositiva, pero para las Pymes, el FUT es una valiosa “caja” de gestión y crecimiento.
Por su parte, Fedefruta ha dicho que para el desarrollo de esa actividad “es fundamental que las regiones, sobre todo agrícolas y que centran su actividad económica en la fruta y alimentos, se vean valoradas y potenciadas desde el Ejecutivo”, añadiendo que “para que Chile logre un desarrollo completo en lo económico y social, debe profundizarse fuertemente en el proceso de regionalización”, por lo que consideran de “vital importancia que los gobiernos centrales vean a la fruticultura y al mundo agro como herramientas para alcanzar una verdadera regionalización”.
Como se sabe, este avance hacia la descentralización es también parte del programa de la nueva Presidenta, aunque el modelo de materialización de su propuesta pudiera estar más centrado en la propia gestión estadual y la participación de movimientos sociales regionales y/o minorías étnicas, cuyos objetivos no necesariamente coinciden con los que las empresas agrícolas pueden estar pensando, lo que agrega niveles de incertidumbre a la concreción de estos aspectos del plan de la nueva administración.
En todo caso, la Presidenta electa ha dicho que durante la segunda quincena de enero dará a conocer su Gabinete. De acuerdo a versiones de prensa, la decisión de los nombramientos estará plenamente en sus manos (no en los partidos), por lo que, una vez conocido el equipo se podrá “leer” más claramente la coloratura que tendrá la aplicación de las medidas contenidas en su programa. Es desde ya previsible, empero, que dicha “lectura” provoque los primeros diferendos al interior de la coalición, pues, de una parte, los programas –por sus características- tienden a ser instrumentos cuyas generalizaciones suelen llenarse con los deseos hermenéuticos de cada lector y, por otra, conocidas las carreras y escuelas de los expertos elegidos para encargarse de ministerios claves en economía, se producirán las naturales simpatías y antipatías entre la amplia diversidad de adherentes y opositores.
Así y todo, más allá de las críticas que se formularon a la propuesta económica durante la campaña, los gremios empresariales, líderes de la industria local, sectores académicos y banca de inversión han coincidido en que el nuevo Gobierno no pondrá en peligro ninguno de los pilares del modelo –apertura económica, iniciativa privada y respeto a la propiedad, autonomía del Banco Central, Estado subsidiario, libertad de precios y estabilidad de las reglas del juego- y más bien se concentrará en un fuerte ajuste que asegure ciertos derechos reclamados por los ciudadanos, desde el Estado y mediante una redistribución de la actual carga impositiva. Si tales recursos se destinan a la inversión en educación y salud y no a simple gasto fiscal, aunque igualmente habrá cierta ralentización del crecimiento -porque se le quitan recursos de inversión y crecimiento a las empresas-, se podría esperar que la renta de esos capitales redirigidos retorne luego en mayor productividad económica, permitiendo retomar la senda del crecimiento y con una mayor equidad.
