Durante las últimas semanas del gobierno de Sebastián Piñera las autoridades salientes se enfrentaran con la oposición por las cifras de reconstrucción, y el Ejecutivo anunció una completa revisión de los antecedentes y estadísticas, a través de un comité que evaluará las deficiencias del proceso.

La inauguración y entrega de viviendas a los damnificados generó discrepancias sobre los subsidios y su materialización, con cifras de un 98% de cumplimiento desde de la administración Piñera, contrastadas con sólo un 64%, según los integrantes de la Nueva Mayoría.

Para Clemira Pacheco, diputada en el distrito 45 del Biobío, lo importante es trabajar por los derechos de los damnificados, así como respecto de los compromisos que asumió la Presidenta Michelle Bachelet, descartando prácticas ilegales para privilegiar a personas que no son damnificados.

“Primero, lo que la Presidenta ha dicho sobre el delegado presidencial para la reconstrucción, además del diagnóstico que debemos tener con claridad y certeza, y de acuerdo a la realidad, ver cuáles serán las inversiones que se deben realizar en cada cartera. Yo digo que son dos: Vivienda y Obras Públicas. En esas áreas es donde hay que ver cómo quedaron los presupuestos. Tenemos un déficit en cuanto a la construcción de viviendas, el MOP quedó con un gran déficit de recursos”, denuncia la parlamentaria.

Frente a la posibilidad de que los electores del actual Gobierno sean favorecidos o beneficiados políticamente como parte de este proceso, el diputado de la UDI Jorge Ulloa, en representación del distrito 43 también de la región del Biobío, plantea que aquello no puede ocurrir, al asegurar que la reconstrucción en materia de vivienda está prácticamente concluida.

“Cualquier ofrecimiento respecto de la reconstrucción es un ofrecimiento no real. Desde luego que no los gobiernos, sino que personas que integran los gobiernos pueden demagógicamente ofrecer una cantidad importante de promesas que posteriormente podrán no cumplir, lo que es grave e inconducente. Se puede embaucar y engañar, pero eso queda al descubierto de manera muy temprana”, advierte Ulloa.

Patricia Lastra, vocera del Movimiento Nacional por la Reconstrucción Justa (MNRJ) en Constitución, destaca las necesidades y anhelos de los damnificados para que un nuevo gobierno solucione sus problemas, lo que explicaría la alta votación obtenida por Michelle Bachelet en las principales zonas afectadas.

“Como en Constitución tuvo un alto porcentaje, entonces la deuda que ella tiene con nosotros es cumplir con todo lo que se le pidió en el petitorio que le enviamos. Nosotros queremos una solución, una respuesta y reunirnos con las nuevas autoridades para instalar mesas de trabajo. Eso es lo que queremos y que nunca logramos con el gobierno anterior. Quedó mucha gente fuera que realmente es damnificada y le entregaron a gente que no necesita y que jamás han sido damnificados. No sé cómo lo falsifican. Tenemos la esperanza de que ahora esto sí va a cambiar”, manifiesta la dirigente.

Desde el ámbito académico, el arquitecto Claudio Pulgar, investigador del Observatorio de la Reconstrucción de la Universidad de Chile, apunta a la intención transversal que existe de la clase política por aprovecharse del proceso de reconstrucción y sus damnificados, cuestionando la insistencia en la política subsidiaria y en el modelo de la vivienda social.

“Esta lógica ‘viviendista’ de entregar subsidios y viviendas genera una desmovilización y también una cooptación de grupos organizados que podrían tener una potencialidad de transformaciones, o también de dirigentes que son cooptados, lo que se ha visto en los últimos 25 a 30 años, ante procesos de levantamientos del movimiento de pobladores, y que con estas políticas que son muy masivas se reduce un poco ese conflicto al entregar viviendas con llave en mano”, analiza el académico.

Según el experto, se trata de un proceso que ha evolucionado en los últimos años, donde los integrantes de los movimientos sociales de pobladores ya no solo se conforman con aquella lógica, dando paso hacia una práctica y un discurso que plantean temas de localización, de derechos de la ciudad y de justicia espacial que se relacionan con un proceso de transformaciones de mayor alcance.