El “Atlas Global de Justicia Ambiental” es un mapa virtual realizado con una base de datos interactiva, donde se puede cruzar información y dar seguimiento a diversos conflictos de todo el mundo.

Así, se puede observar que el país con más problemas ecológicos es India con 104 casos. Sin embargo, Sudamérica es una de las regiones del planeta más amenazada por estas crisis. Seis países del continente están entre los diez primeros puestos: Colombia, Brasil, Ecuador, Argentina, Perú y Chile, que ocupa el décimo lugar en el ranking, con más casos que Estados Unidos.

El mapa aún está en desarrollo, incorporando activamente información para llegar, al año 2015, con más de dos mil casos documentados. Se trata del proyecto de investigación europeo Environmental Justice Organizations, Liabilities and Trade (Ejolt), conformado por diversas organizaciones de justicia ambiental de 18 países y 23 universidades y coordinado por investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).

El trabajo cuenta con cuatro ejes: los conflictos relacionados con biomasa, hidrocarburos, minería y energía nuclear. El coordinador de Ejolt y catedrático de la UAB, Joan Martínez, afirmó que el proyecto “muestra cómo los conflictos ecológicos están aumentando en todo el mundo, por las demandas de materiales y energía de la población mundial de clase alta y media”.

En América Latina se coordinó la entrega de información sobre minería desde Ecuador a través de Acción Ecológica. Ivonne Yánez, integrante de la organización ambiental, se refirió a la forma en la que se presentan estos conflictos en la región.

“Principalmente tienen tres tipos de evidencias. Por un lado, el tema de las empresas que están vinculadas, que son empresas que utilizan prácticas operacionales de división de las comunidades, las que muchas veces están vinculadas a una militarización de las zonas, que manejan un discurso de oferta de empleo que no necesariamente se cumple. Otra evidencia es lo que motiva la resistencia de los pueblos, lo que corresponde principalmente al tema del agua y de la defensa de su territorio”, explicó.

La ambientalista añadió que un tercer punto en común entre los distintos países de América Latina es que muchas iniciativas están asociadas a inversiones de bancos y que existe una creciente presencia de empresas chinas. Además, en otras tendencias preocupantes se destaca también la impunidad de las compañías que cometen delitos ambientales.

Como se observa, en Chile existe un alto nivel de conflictividad social, lo que por un lado es positivo, porque demuestra la acción de las comunidades. Pero también muestra el proceso de expansión de la actividad extractiva, basado en una economía de explotación intensiva de recursos naturales, lo que genera mucho daño, tal como afirmó el director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), Lucio Cuenca, refiriéndose a otro de los puntos en común.

“No hay criterios de justicia ambiental incorporados en los procesos de toma de decisiones y dictación de normas, leyes y la decisión sobre proyectos de alto impacto ambiental. No se revisa que esto esté perjudicando más a un sector de la población que a otro, que es lo que ocurre en Chile, donde los sectores más vulnerables, los más débiles, los más pobres son los que pagan mayores costos ambientales. Y eso también se revela a partir de esta cartografía como criterio de justicia ambiental”, detalló.

En el atlas se registran algunos casos como Isla Riesco, Pascua Lama y Punta Alcalde. En ese sentido, y bajo una mirada de ecología política, el mapa demuestra que suelen ser las comunidades pobres, en muchos casos indígenas, las que reciben los impactos más negativos de los países “en vías de desarrollo” o “del tercer mundo”.

Sin embargo, pese a la falta de poder económico de las comunidades, la carencia de recursos y la estrategia de represión a los dirigentes, los coordinadores del mapa afirmaron que el 17 por ciento de los casos analizados dejan una esperanza, ya que se han ganado juicios o los proyectos se han cancelado, lo que se puede considerar como “victorias de la justicia ambiental”.