La propuesta presentada por la Presidenta Michelle Bachelet busca poner fin al sistema electoral binominal instaurado durante la dictadura, criticado por excluir a las minorías políticas del Congreso.

El proyecto aumenta de 38 a 50 los escaños senatoriales y de 120 a 155 el número en la Cámara Baja. De los 35 diputados adicionales, 15 se asignarán a los distritos de la región Metropolitana, ocho se distribuirán en las regiones de Valparaíso y Biobío, cuatro a las regiones extremas y ocho más en las otras regiones del país.

El investigador del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Miguel Ángel López, aseguró que no existe una razón lógica para determinar un cierto número de diputados, y apuntó a la estrategia política detrás de esta decisión. Al respecto dijo que “esto va a implicar una serie de nuevos gastos, porque vamos a tener más diputados, lo cual en momentos como ahora en que existe un gran descontento con la política, se va a tener que convencer a la ciudadanía de que más diputados son útiles, en ese sentido esta medida puede resultar impopular. Sin embargo, según mi impresión, lo que está detrás de esto es que quienes tienen que votar esta reforma son los diputados y senadores, si se aumentan los cupos se garantiza la posibilidad de ser reelectos si es que deciden presentarse nuevamente y con eso la posibilidad de que apoyen la reforma es más alta”, señaló.

La reforma contempla que los 60 distritos actuales pasen a ser 28, cada uno de los cuales elegirá entre tres y ocho diputados, dependiendo de su población.

El diputado independiente Gabriel Boric, manifestó su preocupación frente a esta unificación de distritos porque, según explicó, esto podría encarecer las campañas y excluir a quienes no cuentan con los recursos suficientes, además de alejar a los líderes de sus localidades.

Boric consideró positivo el aumento de parlamentarios, de cara a una mejor representatividad de la sociedad chilena en el Congreso y valoró que los líderes sindicales y gremiales ya no tengan la inhabilidad para postular al Parlamento. Sin embargo, apuntó a los costos económicos que esta iniciativa podría acarrear y advirtió que “no puede implicar más gasto fiscal, por lo tanto es una oportunidad para que aprovechemos de aprobar el proyecto que presentamos con Giorgio Jackson de rebaja en la dieta parlamentaria y con eso alcanzaría para financiar este aumento en el número de diputados y senadores”. Además, agregó que a su juicio el proyecto tiene luces y sombras, por lo tanto envió el mensaje al Gobierno para “que aún no den por descontado que nosotros lo vamos a apoyar, porque en las condiciones en las que está tiene ciertos elementos que si no mejoran no contarán por lo menos con mi apoyo, en particular con el tema de cómo se resguarda un igual trato a los independientes”, dijo.

En ese sentido, señaló que se debe asegurar que quienes postulen por fuera de las grandes coaliciones políticas, van a tener las mismas posibilidades de resultar electos en función de sus ideas, que quienes formen parte de los partidos, “eso con algunas modificaciones técnicas de la ley se complica, pero es algo que se puede salvar en el trámite legislativo”, agregó.

El proyecto contempla además una  “medida de paridad de género”, que viene a saldar una deuda pendiente desde el primer gobierno de Michelle Bachelet.

Este mecanismo pretende que ningún partido presente más de un 60 por ciento de candidatos del mismo sexo, además de asegurar que al menos un 40 por ciento de las candidaturas sean femeninas y entregar incentivos económicos adicionales a los partidos que elijan más mujeres candidatas.

Cristina Escudero, investigadora de INAP, apuntó al difícil desafío de equilibrios que implicará esta discusión en el Congreso. Además, valoró la discusión como un aporte a solucionar la crisis de legitimidad por la que atraviesa la política en Chile, sin embargo dijo que ese tema seguirá latente en la medida que no se resuelvan los problemas de fondo. Esto es “una reforma educacional que responda a los intereses de la mayoría de la población, una reforma constitucional que conecte mejor a la ciudadanía con el Estado. La reforma electoral claramente puede ayudar en este sentido, pero no va a resolver todos los problemas, depositar ahí las esperanzas es un error, porque además no hay cómo saber cuáles son los efectos de mediano y largo plazo que va a producir esta reforma”, sostuvo.

El oficialismo que ya cuenta con mayoría simple necesitará el voto de cuatro diputados independientes y dos senadores de oposición, para aprobar el proyecto que será ingresado con urgencia simple al Congreso.

Mientras los independientes se mantienen atentos a integrar posibles modificaciones, desde Renovación y Amplitud se han mostrado partidarios de discutir esta reforma. La UDI en cambio rechazó la propuesta y aseguró que trabajan en una propuesta alternativa.