Un administrador provisional del Estado con facultad de intervenir en materias económicas y académicas, es lo que plantea crear el Gobierno con una ley corta concebida para afrontar las eventuales crisis de los establecimientos educacionales.

La idea es que el administrador provisional del Estado pueda actuar cuando se detecten irregularidades graves que pongan en jaque la continuidad de estudio de los alumnos tanto en universidades y colegios porque hasta el momento, cuando existen faltas graves, la legislación obliga al cierre de la institución.

Con el caso de la Universidad del Mar aún en la retina, se determinó optar por este camino para evitar el cierre de las instituciones. Una medida que busca minimizar los perjuicios de los estudiantes cuando se suscitan esta clase de situaciones.

El proyecto establece dos años prorrogables de administración ‘especial’ en los que el interventor deberá idear y poner en práctica un plan tendiente a solucionar las dificultades que se detecten, ya sea en universidades o colegios.