La Presidenta Michelle Bachelet y el ministro de Educación Nicolás Eyzaguirre presentarán este lunes, en La Moneda, el proyecto de ley corta que crea la figura de “administrador provisional”, en aquellos casos de universidades y colegios privados en que se acreditó el lucro con la educación.
Han sido meses de discusión para concretar el nuevo ente regulador que intervendrá en las instituciones, no solo para hacer un balance económico de las universidades, sino también para intervenir en la restitución de proyectos educativos.
La iniciativa establece que cada “interventor” tendrá un plazo de dos años prorrogable para diseñar e implementar un plan de estabilización o cierre de las instituciones educativas.
El interventor sería nombrado por el Mineduc, momento en que las facultades del rector o máxima autoridad de la casa de estudios quedarían sin efecto.
Esto fue confirmado por el presidente de la comisión de Educación de la Cámara Baja, Mario Venegas (DC), quien valoró este paso y señaló que es una urgencia fortalecer la institucionalidad ante la posibilidad inminente de que más universidades colapsen al igual que la Universidad del Mar.
“Yo creo que tiene que fortalecerse toda la institucionalidad de acreditación por un lado, como decíamos en el informe también el proceso anterior que el licenciamiento que es la etapa en la que se crean nuevas instituciones de educación superior que efectivamente garanticen que van a ser de calidad y que van a entregar un buen servicio educativo”, indicó.
Respecto de las críticas sobre intervencionismo estatal, el diputado Venegas aclaró que esto se hace justamente debido al abandono en que cayeron las instituciones, dejando sin protección a los estudiantes y sus familias.
“Hubo alumnos que tuvieron que reubicarse en otras universidades, volver prácticamente a cero, comenzar de nuevo, otros que ni siquiera lograron reubicarse, entonces no creo que el alegato sea razonable porque la primera responsabilidad es de esos mismos controladores que pusieron en riesgo el proyecto educativo, si esa es la condición”, explicó.
En la misma línea, el director del Observatorio de Políticas Educativas (Opech) Jesús Redondo indicó que es fundamental que la regulación y fiscalización del sistema vuelva a ser una obligación del Estado.
“Yo creo que el Estado está haciendo intervención en un asunto que nunca tendría que haber perdido esa capacidad de intervenir en el sistema público, y poder resguardar en el caso de las universidades que no haya lucro y yo creo que en el caso de los colegios también resguardar el principio fundamental de la libertad de enseñanza y no el negocio”, precisó el académico.
Este lunes se conocerá el documento íntegro y con ellos las características específicas y estándares con que el “administrador provisional” reemplazará al rector de una universidad o sostenedor de un colegio en sus funciones.
La Presidenta Michelle Bachelet y el ministro de Educación Nicolás Eyzaguirre presentarán este lunes, en La Moneda, el proyecto de ley corta que crea la figura de “administrador provisional”, en aquellos casos de universidades y colegios privados en que se acreditó el lucro con la educación.
Han sido meses de discusión para concretar el nuevo ente regulador que intervendrá en las instituciones, no solo para hacer un balance económico de las universidades, sino también para intervenir en la restitución de proyectos educativos.
La iniciativa establece que cada “interventor” tendrá un plazo de dos años prorrogable para diseñar e implementar un plan de estabilización o cierre de las instituciones educativas.
El interventor sería nombrado por el Mineduc, momento en que las facultades del rector o máxima autoridad de la casa de estudios quedarían sin efecto.
Esto fue confirmado por el presidente de la comisión de Educación de la Cámara Baja, Mario Venegas (DC), quien valoró este paso y señaló que es una urgencia fortalecer la institucionalidad ante la posibilidad inminente de que más universidades colapsen al igual que la Universidad del Mar.
“Yo creo que tiene que fortalecerse toda la institucionalidad de acreditación por un lado, como decíamos en el informe también el proceso anterior que el licenciamiento que es la etapa en la que se crean nuevas instituciones de educación superior que efectivamente garanticen que van a ser de calidad y que van a entregar un buen servicio educativo”, indicó.
Respecto de las críticas sobre intervencionismo estatal, el diputado Venegas aclaró que esto se hace justamente debido al abandono en que cayeron las instituciones, dejando sin protección a los estudiantes y sus familias.
“Hubo alumnos que tuvieron que reubicarse en otras universidades, volver prácticamente a cero, comenzar de nuevo, otros que ni siquiera lograron reubicarse, entonces no creo que el alegato sea razonable porque la primera responsabilidad es de esos mismos controladores que pusieron en riesgo el proyecto educativo, si esa es la condición”, explicó.
En la misma línea, el director del Observatorio de Políticas Educativas (Opech) Jesús Redondo indicó que es fundamental que la regulación y fiscalización del sistema vuelva a ser una obligación del Estado.
“Yo creo que el Estado está haciendo intervención en un asunto que nunca tendría que haber perdido esa capacidad de intervenir en el sistema público, y poder resguardar en el caso de las universidades que no haya lucro y yo creo que en el caso de los colegios también resguardar el principio fundamental de la libertad de enseñanza y no el negocio”, precisó el académico.
Este lunes se conocerá el documento íntegro y con ellos las características específicas y estándares con que el “administrador provisional” reemplazará al rector de una universidad o sostenedor de un colegio en sus funciones.
La Presidenta Michelle Bachelet y el ministro de Educación Nicolás Eyzaguirre presentarán este lunes, en La Moneda, el proyecto de ley corta que crea la figura de “administrador provisional”, en aquellos casos de universidades y colegios privados en que se acreditó el lucro con la educación.
Han sido meses de discusión para concretar el nuevo ente regulador que intervendrá en las instituciones, no solo para hacer un balance económico de las universidades, sino también para intervenir en la restitución de proyectos educativos.
La iniciativa establece que cada “interventor” tendrá un plazo de dos años prorrogable para diseñar e implementar un plan de estabilización o cierre de las instituciones educativas.
El interventor sería nombrado por el Mineduc, momento en que las facultades del rector o máxima autoridad de la casa de estudios quedarían sin efecto.
Esto fue confirmado por el presidente de la comisión de Educación de la Cámara Baja, Mario Venegas (DC), quien valoró este paso y señaló que es una urgencia fortalecer la institucionalidad ante la posibilidad inminente de que más universidades colapsen al igual que la Universidad del Mar.
“Yo creo que tiene que fortalecerse toda la institucionalidad de acreditación por un lado, como decíamos en el informe también el proceso anterior que el licenciamiento que es la etapa en la que se crean nuevas instituciones de educación superior que efectivamente garanticen que van a ser de calidad y que van a entregar un buen servicio educativo”, indicó.
Respecto de las críticas sobre intervencionismo estatal, el diputado Venegas aclaró que esto se hace justamente debido al abandono en que cayeron las instituciones, dejando sin protección a los estudiantes y sus familias.
“Hubo alumnos que tuvieron que reubicarse en otras universidades, volver prácticamente a cero, comenzar de nuevo, otros que ni siquiera lograron reubicarse, entonces no creo que el alegato sea razonable porque la primera responsabilidad es de esos mismos controladores que pusieron en riesgo el proyecto educativo, si esa es la condición”, explicó.
En la misma línea, el director del Observatorio de Políticas Educativas (Opech) Jesús Redondo indicó que es fundamental que la regulación y fiscalización del sistema vuelva a ser una obligación del Estado.
“Yo creo que el Estado está haciendo intervención en un asunto que nunca tendría que haber perdido esa capacidad de intervenir en el sistema público, y poder resguardar en el caso de las universidades que no haya lucro y yo creo que en el caso de los colegios también resguardar el principio fundamental de la libertad de enseñanza y no el negocio”, precisó el académico.
Este lunes se conocerá el documento íntegro y con ellos las características específicas y estándares con que el “administrador provisional” reemplazará al rector de una universidad o sostenedor de un colegio en sus funciones.
