La Comisión de Educación del Senado despachó a la Comisión de Hacienda el proyecto impulsado por el Ejecutivo que modifica las condiciones de implementación y traspaso de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). La iniciativa fue votada en particular durante este jueves y continuará su tramitación en la Cámara Alta.
El proyecto original contemplaba la posibilidad de postergar la implementación de los SLEP hasta 2040. Sin embargo, durante la tramitación el Ejecutivo modificó su propia propuesta y planteó establecer como fecha máxima general el 31 de diciembre de 2030, indicación que fue aprobada por la comisión por cuatro votos a favor y ninguno en contra.
La iniciativa había avanzado durante la primera parte de la discusión con una serie de modificaciones a las condiciones para postergar los traspasos. Entre ellas, la comisión aprobó reducir de tres años a uno el período de postergación que puede determinar el Ejecutivo, aumentando además de dos a cuatro meses la anticipación con que debe adoptarse esa decisión. La ministra de Educación, María Paz Arzola, explicó que los cambios buscaban adecuar los plazos a la planificación anual de los municipios y de los propios procesos de instalación de los SLEP.
“En cuanto a los años, la postergación se puede realizar año a año. O sea, que se cambie de tres años a uno no implica que, si es que por alguna razón un servicio no llega a puerto, no están los procesos críticos necesarios para el traspaso, se decide hacer la postergación por un año más”, sostuvo Arzola durante la sesión.
La discusión también modificó los requisitos que deberán cumplir los municipios que busquen postergar el traspaso. La comisión mantuvo en 50% el criterio relativo a establecimientos con desempeño alto o medio y aprobó elevar de 85% a 90% el requisito de asistencia promedio.
El Ejecutivo defendió estos cambios argumentando que los requisitos deben responder a las condiciones actuales del sistema educativo. “Lo que nosotros estamos haciendo es ajustar, desde nuestro punto de vista, esos requisitos a lo que creemos que es más realista dada cómo se ha dado tanto la instalación como también cómo ha sido el desempeño no solamente de la educación pública, sino que también de la educación privada en este país”, planteó la ministra.
Otro de los cambios aprobados estableció que los requisitos vinculados a la situación financiera y previsional de los municipios deberán cumplirse de manera conjunta, mientras que los criterios relacionados con desempeño y asistencia operarán de manera alternativa.
Pero el punto de mayor controversia de la segunda parte de la sesión estuvo en el plazo máximo para concretar los traspasos. La norma vigente establecía que los municipios que hubieran obtenido una postergación debían realizar igualmente el traspaso al SLEP correspondiente a más tardar en 2035. El Ejecutivo había propuesto reemplazar ese límite por 2040, pero los senadores Rojo Edwards, Gustavo Sanhueza y Cristian Vial presentaron una indicación para eliminar completamente ese inciso.
La eliminación generó un debate sobre si la propuesta implicaba simplemente una postergación indefinida o si, en la práctica, abría la puerta a la conservación del servicio educativo municipal.
El senador Edwards defendió que la discusión debía centrarse en los resultados concretos de los establecimientos y no exclusivamente en el cumplimiento de un diseño institucional. “Si hay algunos colegios que son buenos, no los tiremos a un sistema que no da garantías de que es mejor que la administración municipal”, afirmó Edwards, quien agregó que “no hemos tenido ni un solo estudio que nos diga que los SLEP hacen una mejor labor que los municipios”.
Mirosevic, en cambio, cuestionó que la eliminación del plazo pudiera modificar la naturaleza del proyecto. “Esto cambia drásticamente los resultados y origen de este proyecto. Comparto con la secretaría que esto está fuera de las ideas matrices, esto tendría que ser otro proyecto”, afirmó.
La ministra Arzola sostuvo que, independiente de que exista o no un año de término, el proyecto mantiene como regla general el traspaso de los establecimientos a los SLEPs y contempla la postergación como una excepción sujeta al cumplimiento de determinados requisitos. “Acá no hay duda que este es un sistema que va para el traspaso”, señaló. A su juicio, el año de tope constituye una variable secundaria frente al cumplimiento de condiciones financieras y de calidad.
El senador Vlado Mirosevic manifestó una posición más crítica frente a esa flexibilización. Al discutir los requisitos que deben cumplir los municipios para solicitar la postergación, sostuvo que si un sostenedor afirma estar obteniendo buenos resultados, no existiría razón para reducir las exigencias establecidas en la legislación. “Si un municipio o un alcalde dice: ‘Mire, yo lo estoy haciendo bien, déjenme, por lo tanto, postergar el traspaso’, no entiendo por qué razón le vamos a bajar los requisitos que la ley establece”, cuestionó.
La comisión aprobó posteriormente la indicación 22, que establece expresamente que los municipios o corporaciones municipales autorizados podrán mantener durante un año adicional el servicio educativo y su calidad de sostenedor, período que podrá ser renovado sucesivamente por otro año, siempre mediante una nueva revisión del cumplimiento de los requisitos.
Con la aprobación de las últimas indicaciones, la Comisión de Educación dio por despachada la iniciativa a Hacienda, instancia que podrá comenzar su análisis el lunes 21 de septiembre.
