Sin embargo, con la huelga se incrementaron los actos de violencia en la Araucanía y la renuncia del Fiscal Luis Chamorro ha sido el eje del debate sobre la situación que enfrentan los fiscales. Mientras, siguen los cuestionamientos a la criminalización de la protesta, ahora bajo las leyes del sistema penal común.

39 días de ayuno fue lo que completaron los huelguistas de la Cárcel de Angol exigiendo a las autoridades un petitorio de tres puntos: El indulto humanitario a José Mariano Llanca Tori, quien padece de una enfermedad terminal, la revisión de las causas judiciales que tienen en prisión a Luis Marileo, Cristián Levinao y Leonardo Quijón y el traslado al Centro de Estudios y Trabajos (CET) de Angol.

En conversación con Radio Universidad de Chile y en medio de reuniones, el vocero Hugo Melinao confirmó la información e indicó que el ministerio respondió al petitorio en su totalidad, señalando que “se bajó y se dio a lugar a los tres petitorios de lo que los huelguistas pedían, así que se tiene que trabajar, todavía queda mucho, obviamente primero está la salud”.

Ahora los huelguistas son trasladados al Centro Médico de Imperial, donde cumplirán un proceso de observación y realimentación antes de ser llevados al CET de Victoria donde continuarán el cumplimiento de sus condenas. La información había sido dada a conocer a eso de las 17 horas por integrantes de la emblemática comunidad de Temulemu, quienes se reunieron con el Intendente de la novena región Francisco Huenchumilla, mismo quien hizo un llamado contundente al gobierno a no dejar pasar más tiempo en encontrar una solución.

Esto fue tema de conversación esta jornada, ante la soledad que el gobierno central habría dejado a la autoridad local. Incluso han circulado rumores de su disposición a una eventual renuncia. En la mañana el titular de Justicia, José Antonio Gómez se pronunció al respecto, afirmando que el Gobierno “es uno solo”, y confirmó que estaban trabajando por el tema y dialogando con los voceros.

Ya pasadas las 19 horas el ministro precisó las condiciones afirmando que Mariano Llanca Tori sigue en el hospital de Temuco en estudio.

“Se va a estabilizar la situación del señor Llanca Tori y una vez que esa situación se resuelva vamos a volver a analizarlo con los informes médicos que entregue el hospital y otros medios que vamos a pedir. No podemos revisar causas tal como lo dije el primer día en la reunión, lo que hemos señalado siempre es que las causas son fallos judiciales respecto del cual nosotros no podemos revisar y por lo tanto, lo que si podemos hacer y está dentro de nuestra prerrogativa es generar esta comisión que hemos señalado, que va a revisar la ley Antiterrorista y la ley común en relación a causas muy particulares”, precisó el ministro de Justicia.

Pese a esta relativización, los comuneros afirmaron que era necesario garantizar la atención médica a Llanca Tori, y que tienen la convicción de que el informe médico de Temuco dictará su condición terminal. Además, afirmaron que se les ha dicho que en la Comisión que se formará, se revisarán las causas de los huelguistas.

Sin embargo, persisten las tensiones. Hay quienes acusan al ministerio del Interior de dejar solos a sus intendentes y no manejar bien este conflicto, como fue el caso del senador RN Alberto Espina quien se reunió esta mañana con el Fiscal subrogante Alberto Ayala, después de la renuncia de Luis Chamorro, a quien los comuneros acusan de racista y anti-mapuche.

El senador indicó que la real razón de la renuncia del fiscal fue el “ser objeto de amenazas, ataques, insultos, agresiones, por grupos violentistas que lamentablemente operan en forma minoritaria pero con mucha fuerza en la Araucanía”.

Espina afirmó que “me parece gravísimo que en una democracia en donde el rol de los fiscales es proteger y defender los derechos de los ciudadanos que son víctimas de un delito, finalmente triunfen los violentistas que logran que un fiscal renuncie producto precisamente de una situación que se le hacía insostenible y conversando con el fiscal don Luis Ayala hay tres medidas urgentes de tomar”.

El senador sostuvo que se debe modernizar legislación proteger fiscales que hoy están desprotegidos (ya que hoy sólo se dan 540 días de presidio como máximo por amenazas), contar con un presupuesto especial para protegerlos, lo que hoy no existe, y lograr que no se les rebaje el salario en caso de ser traslados de zona.

Esto ha generado molestia en las comunidades, desde donde se recuerda el caso que llaman el “supuesto atentado al Fiscal Elgueta” donde se dio penas altísimas a los comuneros por una agresión que, sostienen, fue un montaje. La Corte Suprema, que validó la condena, pero rebajando las penas, dejó el caso en una situación judicial sumamente ambigua.

Además, desde las comunidades ha emanado una preocupación por el no uso de la Ley Antiterrorista que podría implicar continuar con la criminalización bajo el sistema de la ley penal común.