Luego de que la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente acusara formalmente a seis imputados por sus responsabilidades en la falta de alerta a la población por el maremoto de 2010, que afectó a las costas de la zona centro y sur del país, las reacciones han sido diversas.

En el caso del ex subsecretario del Interior Patricio Rosende, su abogado, Samuel Donoso, aseguró tener la convicción de su inocencia y de que no existe ningún delito. Para ello, según el jurista, lo ideal es que en un juicio oral la Justicia cierre penalmente este proceso.

Por su parte, el abogado Luciano Fouillioux, defensor de la ex directora de la Onemi Carmen Fernández, ha insistido en la necesidad de revisar algunas diligencias relacionadas con la alerta de maremoto y las evacuaciones en Talcahuano, hechos por los que se le imputan la responsabilidad en el fallecimiento de 26 personas.

Paralelamente, el abogado querellante Raúl Meza solicitó la reapertura de la investigación penal, insistiendo en que además de las ex autoridades imputadas, es fundamental que la Presidenta Michelle Bachelet sea interrogada para determinar la responsabilidad penal que pudiera tener respecto de la muerte de las víctimas del maremoto.

“Por la negativa en más de siete oportunidades de citar a declarar a la actual Presidenta Michelle Bachelet. Hoy tiene la calidad de querellada en la causa, pues se acogió una querella en su contra en mayo de 2013. Por ello, se le ha solicitada su citación para que declare en calidad de imputada en esta causa. Sin embargo, el Ministerio Público, y la fiscal Huerta en particular, se ha negado en forma injustificada, a nuestro juicio, a citarla para los efectos de someterla a un interrogatorio”, exigió.

Además, confirmó que la audiencia judicial quedó fijada para el próximo 18 de junio, donde se debatirá si se reabre la investigación y se establece que la fiscal Solange Huerta cite a declarar a la actual mandataria.

En respuesta, el diputado DC Matías Walker, quien integró la comisión investigadora sobre los hechos ocurridos con posterioridad al maremoto, recordó que siempre se ha planteado dejar que sea la Justicia la que determine las responsabilidades, tanto civiles como penales, rechazando cualquier intento de politizar la tragedia.

“Las responsabilidades finalmente no las determina el Ministerio Público, sino que las determinan los tribunales de justicia. Por lo tanto, lo que procede es dejar que la Justicia actúe y que establezca las responsabilidades penales y civiles”, aclaró.

Además, se refirió al actuar del abogado Meza, asegurando que “nunca ha tenido un interés jurídico. Durante este juicio él intentó ser candidato a diputado y siempre ha tenido un interés político. Es penosa la forma que ha intentado ocupar en un caso tan doloroso”.

También integrante de dicha comisión investigadora, el diputado UDI Arturo Squella planteó que el objetivo de esa instancia era establecer las responsabilidades políticas, donde tanto las personas que hoy están imputadas como otras que no aparecen, fueron declaras como tales.

Asimismo, anticipó que “los querellantes particulares van a acusar por delitos distintos de los que establece el Ministerio Público. Será interesante ver cuál será el resultado final de la investigación y cuáles serán los delitos por los que tengan que pagar los acusados”.

En cuanto a la participación de la Presidenta Michelle Bachelet, afirmó que “por cierto que quien estaba al mando de la Nación, y que particularmente tomó el rol de jefe responsable en las oficinas de la Onemi, tiene mucho que decir”.

La presentación realizada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por la Fiscalía, solicita la aplicación de una pena de 818 días de presidio menor en su grado medio, además de Patricio Rosende y Carmen Fernández, para el ex jefe del Centro de Alerta Temprana de la Onemi Johaziel Jamett, así como a tres ex funcionarios del SHOA: el ex director Mariano Rojas, el ex jefe de operaciones Andrés Enríquez y el ex oficial de guardia Mario Andina.

Esto, a la espera de que el tribunal fije una audiencia de preparación de juicio oral, donde se evaluarán las pruebas que se presenten.