Igualdad ante la ley. Eso es lo que exige la familia del ex estudiante de ingeniería Patricio Manzano, fallecido mientras participaba de trabajos voluntarios organizados por la FECH en la zona de Los Andes, luego que fuera detenido y golpeado junto a un centenar de compañeros, producto de lo cual tuvo un infarto que no fue tratado a tiempo, causando su muerte.

El abogado querellante Hernán Montealegre asegura que una semana antes de la muerte de Manzano, el ministerio del Interior emitió una orden de arresto contra estudiantes de la Universidad de Chile y otras casas de estudio, los que por primera vez luego de varios años sin actividad, retomaban esta tradición, pese a la prohibición del régimen cívico-militar.

“Aquí se trata de un decreto dictado y firmado por Sergio Onofre Jarpa en su calidad de ministro del Interior por orden del Presidente de la República, decreto que dictó el 7 de febrero de 1985, ordenando la detención de un centenar de jóvenes que estaban haciendo Trabajos de Verano”, explicó.

La muerte de Manzano, la orden de arresto del ministerio y la no existencia ya de fuero parlamentario, permitieron que la Corte de Apelaciones de Santiago obligara al ministro en visita, el juez Mario Carroza, citar a declarar al ex ministro del Interior Sergio Onofre Jarpa y su subsecretario Alberto Cardemil.

Uno de los argumentos que presentó Montealegre a la Corte es la declaración del subteniente Antonio Campos, uno de los inculpados por la muerte de Patricio Manzano, donde asegura que se negó a trasladar al estudiante, en estado crítico por los maltratos, ya que debía esperar órdenes de sus superiores en el ministerio del Interior.

El abogado plantea que el ministro Carroza hasta el momento solo ha concentrado la investigación en el eslabón más bajo de la cadena.

Declaración voluntaria

Esta no sería la primera vez que el militante de Renovación Nacional Alberto Cardemil declara ante la justicia. En junio de 2013, el entonces diputado de RN habría comparecido voluntariamente para negar la existencia de esta orden de arresto y para asegurar que tampoco tuvo injerencia en las decisiones y acciones de la CNI, ya que esto no correspondía a las funciones de su cargo y que asegura tampoco dependían del ministerio del Interior.

El vínculo permanente

Son varios los antecedentes que el abogado Montealegre presentó a Radio Universidad de Chile para acreditar el vínculo entre los ex altos mandos civiles de la dictadura y la CNI.

Como primer elemento, según el decreto de ley de 1978 que crea la CNI, se establece que el organismo militar integra la Defensa Nacional y “se vincula con el Supremo Gobierno, en el cumplimiento de sus misiones específicas, a través del ministerio del Interior”.

Documento firmado por Cardemil (clic para agrandar)

Montealegre además precisó que dentro de las atribuciones y deberes de los subsecretarios estaba la realización de acciones comunes con los demás ministerios. Al respecto, el abogado presenta una serie de correspondencia entre el director de la Central, Humberto Gordon y el subsecretario Cardemil, donde el organismo militar entrega información sobre un ciudadano extranjero.

Para el abogado Montealegre, estos documentos establecen jurídicamente que al menos Alberto Cardemil estuvo en contacto permanente con la CNI, y que por tanto no puede reclamar desconocimiento o que no tuviera injerencia en su accionar.

“Para hacer una verdadera justicia de Derechos Humanos en este país hay que investigar criminalmente a los civiles y por tanto este caso ojalá camine adelante. Se empiece con lo que hay que hacer, que es investigar a fondo a los señores Cardemil y Jarpa, y no permitir que personas como el señor Cardemil se presenten a decir falsedades”, indicó.

Los archivos de Cardemil

Otro de los documentos que acompaña el abogado, es el ya difundido oficio secreto 1953, que con fecha 26 de abril de 1985, remite Cardemil al subsecretario de Relaciones Exteriores de ese tiempo, el teniente coronel Humberto Julio.

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“Conforme a lo conversado en nuestra reunión almuerzo de días pasados, me permito adjuntarle carpeta con antecedentes completos de las personas que trabajan en la Vicaría de la Solidaridad”, dice la carta firmada por Alberto Cardemil a un mes del “Caso Degollados”.

Roberto Garretón era entonces el jefe del área jurídica de la Vicaría de la Solidaridad, por tanto con acceso a innumerables casos como el de Patricio Manzano e información respecto del quehacer de las autoridades del régimen cívico-militar.

El especialista en Derechos Humanos señaló que Jarpa y Cardemil debieron emplazar a la CNI, solicitar la remoción de quienes cometieran abusos y dar una instrucción clara de detener los crímenes y violaciones a los derechos humanos.

“Esa es una instrucción que debieron haber tomado salvo que asumieran un rol de partícipes de los homicidios que siguió cometiendo la CNI. No pueden decir Jarpa, y tampoco puede decir Cardemil, yo no supe, porque los crímenes no se cometían a espaldas de ellos, se cometían sabiéndolo ellos”, afirmó el abogado.

“Ellos supieron los crímenes que se iban a cometer y siempre negaron su participación tirando toda la responsabilidad a los mandos militares”, agregó Garretón, para quien las ex autoridades actúan con “mentira y cobardía”.

El abogado plantea que las autoridades del ministerio del Interior son responsables ya que en 1985 era de conocimiento público y masivo el accionar de la CNI: “Señor Comandante en Jefe del Ejército de la época, señor Comandante en Jefe del Ejército de este tiempo, contesten si es verdad o es mentira lo que dice Cardemil, que los civiles no supieron nunca, ni los ministros, ni los subsecretarios, pese a que todos los chilenos sabíamos, Ellos eran los dos únicos ciudadanos del planeta que no sabían. Mi función era precisamente estar a cargo de la CNI”.

“A los interesados: no tengo temor alguno de declarar ante ningún tribunal de la República y voy a querellarme por las calumnias en mi contra”, contestó Alberto Cardemil vía Twitter este lunes, luego que reflotara el caso.

La familia de Patricio Manzano y su abogado Hernán Montealegre esperan que las ex autoridades sean citados y declaren ante el ministro Carroza, para luego establecer nuevas acciones.