Junto con crear estas figuras de administradores provisional y de cierre, el texto legal avanza en perfeccionar los procesos de revocación del reconocimiento oficial de una institución de educación superior, sus alcances y consecuencias, estableciendo medidas concretas para el resguardo de los intereses y derechos de los estudiantes, garantizando su continuidad de estudios y la titulación oportuna en la institución afectada por la medida o en otro establecimiento que se determine.

La diputada independiente Alejandra Sepúlveda comentó algunas de sus dudas ante el proyecto, para ella el interventor no sólo debe tener la capacidad de ordenar sino de poder trabajar sobre los convenios.
El valor académico de la titulación en el caso de presencia del administrador también preocupa a la parlamentaria, quien insiste que es el Estado quien debe velar por la finalización de los procesos.

El proyecto, además, incluye una disposición penal para sancionar a quienes, una vez nombrado el administrador provisional o de cierre, continúen ejerciendo las funciones directivas o desvíen los bienes de la institución de educación superior, para proteger la fe pública depositada en el administrador provisional o de cierre.

Desde la Nueva Mayoría se plantearon diversas inquietudes. Cristina Girardi, parlamentaria del PPD, aseguró que “el Estado no puede coludirse con las instituciones, si no interviene quiere decir que no le importa que vulnere la Ley”.

“Hay que hacer muchas reformas institucionales todavía”, dijo la diputada y reiteró en la necesidad urgente de intervención la que, a su juicio, se explica porque “pese a todas las investigaciones las universidades siguen lucrando”.

Marcos Espinoza (PRSD) advirtió que están frente a un proyecto de ley que tiene que ver con el mundo de la economía, donde se es “prisionero de un proyecto de ley” en el que el Estado debe crear una figura de administrador provisional cuando las universidades caen en malas prácticas financieras en perjuicio de los estudiantes a los que “se supone deberían educar”.

Yasna Provoste (DC) aseguró que “espera que con el apoyo amplio del Congreso se apruebe esta figura”. Para ella, el Estado debe “honrar” la confianza que la familia deposita.

Desde la Alianza, para María José Hoffmann, diputada de la UDI, es ambicioso porque supone que este nuevo interventor si tendrá éxito con los problemas que tuvieron las autoridades anteriores.

Las preocupaciones listadas por la parlamentaria tienen que ver con el origen de la denuncia: “¿vamos a establecer una serie de intervenciones por sospecha?, ¿qué constituye una denuncia?, ¿cuáles son los antecedentes para presentarla?, esta impresión solo genera más incertidumbre”, agregó.

La iniciativa incluye la modificación a la ley Nº 20.529, -que establece el sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación parvularia, básica y media y su fiscalización-, ampliando las hipótesis de nombramiento de administrador provisional a cuando el sostenedor interrumpa parcial o definitivamente la prestación del servicio educacional y cuando la solicitud de renuncia del reconocimiento oficial no haya sido aceptada y de ello se desprenda riesgo para la continuidad de los estudios de los y las estudiantes fortaleciendo el rol del administrador provisional. Asimismo, se amplían las facultades otorgadas a la Secretaría Regional Ministerial proteja a los y las estudiantes que se encuentren en esta situación.