Según su ficha, una “central de paso en el río Tolten, en la comuna de Freire, cuyo monto de inversión aproximado es de 91 millones cien mil dólares. La potencia de generación neta será de 19,9 MW, bajo un caudal de diseño máximo de 120 m3/segundo, según derechos de aguas otorgados por la Dirección General de Aguas”.
Inmediatamente, comunidades de Curacautín, Freire y Pitrufquén demostraron su rechazo a la instalación de centrales en los ríos Cautín y Toltén.
Por esto, solicitaron al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) una misión de observación a las comunidades de Allilén y Carilafquén. La directora, Lorena Fries, reconoció que existen serios cuestionamientos desde múltiples reparticiones, como la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).
Ante esto, explicó a Radio Universidad de Chile que se mantiene una agenda robusta para entregar, en un plazo de dos semanas, un informe definitivo.
“Acudimos al llamado de las comunidades, luego también vamos a tener entrevistas con las autoridades de la comuna de Freire, y con posterioridad, ya de vuelta en Santiago, vamos a tener también una entrevista con los representantes de la empresa para elaborar un informe que dé cuenta de si hay o pudiera haber vulneración de Derechos Humanos”, aclaró.
A su vez, Pablo Huaiquilao, integrante de la Corporación Pewun Kimun y parte de estas comunidades, explicó que la central afectaría territorio sagrado al desviarse los ríos Allipén y Toltén y, junto a esto, derechos espirituales y religiosos.
“Es un lugar sagrado para las comunidades, para nosotros los mapuche. En ese lugar existe un Ngen (espíritu protector, según la cosmovisión mapuche), que está conectado a la vida de las personas que habitan el territorio de Carilafquen y de Allipen. Al instalarse esa central destruye ese lugar y el Ngen, esa fuerza espiritual que reconocemos, lo que tiene consecuencias nefastas para nuestras vidas espirituales”, detalló.
Asimismo, Huaquilao manifestó que ya ha habido reuniones con el intendente de la Araucanía, Francisco Huenchumilla, con seremis y otras autoridades, además del envío de una carta a la Presidenta Michelle Bachelet, para hacer que cumpla con la “relación más armónica” que comprometió entre el Estado y el pueblo mapuche.
