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Año XV, 2 de febrero de 2023

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Expertos llaman a generar mayor autonomía del INE por caso Censo 2012

Diversas reacciones han surgido a la decisión del Consejo de Defensa del Estado de presentar una querella en contra Francisco Labbé, ex Director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en el marco de la investigación por las irregularidades detectadas en el Censo 2012. Entre ellas se apunta a responsabilidad de los encargados de los llamados “servicios clave” del Estado y, por otro lado, la necesidad de generar cambios en el INE dotándolo de mayor autonomía.

Paula Correa

  Sábado 7 de junio 2014 14:36 hrs. 
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El Consejo de Defensa del Estado encontró suficientes argumentos para iniciar una querella por el presunto delito de falsificación de instrumento público a partir del posible falseamiento de cifras y la inclusión de datos que no son reales, sino estimados a partir de una metodología de levantamiento de la información que se distancia de la que debió ser aplicada.

El fiscal José Morales, jefe de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad, dio cuenta que en el proceso se realizó un cambio de metodología que fue informado a organismos internacionales hacía presumir que se  podrían ver afectados los resultados. Esta visión ha emanado desde los trabajadores del mismo servicio, como ratificó en conversación con Radio Universidad de Chile, el ex subdirector de Infraestructura estadística y Censo, Orión Aramayo.

“Un CENSO debe prepararse a lo menos con cinco años de anticipación y yo dejé en julio del 2010 el INE y aún no se tenía resuelta la forma en que se iba a realizar y eso quiere decir que habían menos de dos años de preparación”, afirmó.

Además, indicó que se tomó la decisión de hacerlo de hecho, o sea sólo en un día con aproximadamente 400 mil voluntarios, para lo que se realizó un pre-censo, metodología que sólo se ocupa en los censos de hecho. Sin embargo, después se realizó un censo de derecho, que se hace a lo largo de varias semanas y con encuestadores profesionales pagados. Para el ex encargado del Censo “en esa sumatoria de cambios se generan problemas metodológicos y operativos muy, muy graves”.

Ahora la fiscalía deberá decidir si imputa a Labbé por estas irregularidades con lo que se realizaría su formalización y, al menos esta arista del caos, quedaría completamente en manos del sistema judicial. Esto ya lo habían vislumbrado los diputados en el trabajo que realizó la Comisión Investigadora del Funcionamiento del INE.

Su presidente, el DC Juan Carlos Latorre afirmó que lamenta confirmar las impresiones que le dejaron los encuentros en la Cámara. “Encuentro gravísimo que el Consejo de Defensa del Estado llegue a la conclusión de que hay antecedentes  suficiente para sentar una querella”, indicó. Además, afirmó que esto es una lección para todos los funcionarios públicos y particularmente a todos aquellos que sin tener el respeto a lo que significa el rol de funcionario público llegan, a veces, cumplir funciones directivas, sin el debido cuidado en la toma de decisiones.

Por su parte el académico e investigador de la Escuela de Administración y Economía de la Universidad Católica Silva Henríquez, Marcelo Yáñez, afirmó que es positivo que se investiguen este tipo de casos ya que “está en juego la credibilidad del país” en el ámbito nacional, considerando la incidencia del INE en las políticas públicas, e internacional, como ente generador de datos relevantes. En esa línea, el especialista afirmó que es necesario aprovechar esta oportunidad para repensar los modelos y fortalecer las instituciones.

“Es imprescindible que la institucionalidad asociada al INE se fortalezca desde distintas perspectivas”, afirmó, eso sea desde lograr una autonomía mucho mayor respecto de los gobiernos, de forma que su credibilidad esté avalada por la independencia que tenga respecto a lo que pueda hacer un gobierno en particular y eso a su vez se traduce también en lograr mayores niveles de pro9fesionalziación en todos los ámbitos”, afirmó el especialista.

Para Yáñez una alternativa es que mecanismos como la Alta Dirección Pública pueda estar a cargo del nombramiento de los directores, no la exclusiva confianza del Presidente donde hay espacio para acceder a presiones y tomar decisiones con criterio político. Esto con el fin de brindar al Servicio así de una mayor autonomía y comenzar a retomar la confianza que debe tenerse en estos servicios clave del Estado.

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