Este martes comienza la discusión en el Congreso de la “Ley Corta” que el gobierno ingresó con suma urgencia para dar respuesta a las demandas de los trabajadores portuarios. Ésta contempla una reforma al código laboral en el sector y el pago retroactivo de la media hora de colación. Esto, en paralelo a la huelga de hambre que realizan trabajadores de Mejillones despedidos por la empresa Ultraport, quienes además denuncian la existencia de una “lista negra” para impedirles encontrar trabajo.

La semana pasada, el Gobierno ingresó con urgencia simple, a través de la comisión de Hacienda, el proyecto de ley demandado por los trabajadores portuarios de todo el país y que fue acordado para que estos depusieran la paralización de enero de este año.

La presión de los trabajadores obligó a que el Ejecutivo rectificara el proyecto y le otorgó suma urgencia, siendo enviado a la comisión de Trabajo, donde será revisado y discutido a partir de este martes, para que luego pase a Hacienda y posteriormente sea votado en Sala.

El proyecto modifica el Código del Trabajo y regula el trabajo portuario. Además, incorporaría el pago retroactivo de la media hora de colación, principal demanda de la Unión Portuaria de Chile y sus distintas Federaciones.

Los dirigentes han realizado diversas gestiones con parlamentarios de todas las bancadas para asegurar una votación favorable. Incluso adelantaron conversaciones con la presidenta del Senado, Isabel Allende, para que el proyecto tenga la misma agilidad en esa instancia.

Así lo informó Robinson Ávalos, vocero de la zona norte. El dirigente espera que los casi cinco meses de negociaciones tengan sus frutos la próxima semana. Sin embargo, también está preocupado por las consecuencias que esto ha tenido para los trabajadores y específicamente para los cuatro portuarios en huelga de hambre desde este lunes.

“No porque tengamos buena relación con Ultraport, si vemos que los compañeros de Mejillones están en problemas y decretan una paralización, nosotros también vamos a paralizar”, afirmó el dirigente de Huasco.

“Como Unión Portuaria de Chile estamos esperando que esto se resuelva por las vías legales que corresponda y haya una buena salida para los compañeros, porque no queremos tener que llegar a los extremos de tener que paralizar nuevamente el país. Hemos hablado con el Gobierno para que intervenga y si esto ya no es así, bueno, tendrá que radicalizarse y nuevamente tomar medidas extremas”, advirtió Ávalos.

Medidas de presión: Huelga de hambre

Desde este lunes se encuentran en huelga de hambre cuatro ex miembros del sindicato N°2 de Trabajadores Portuarios Eventuales y Contratados Unidos del Puerto Angamos, quienes fueron despedidos por la empresa Ultraport en Mejillones.

Los trabajadores se encuentran en la Iglesia Catedral de Antofagasta para denunciar los despidos y prácticas antisindicales de la empresa Ultraport. Los reclamos apuntan a que no han podido encontrar trabajo en cinco meses debido a la existencia de una “lista negra” de 67 trabajadores que habría distribuido la empresa a modo de represalia.

El dirigente de Mejillones Enrique Solar planteó que la situación es grave, porque los acusan de ser violentistas y de causar daños a la economía del país. Acusaciones que rechaza, porque la Justicia a corroborado una serie de prácticas antisindicales, partiendo por el despido de los trabajadores, pese a que éstos contaban con 30 días de fuero terminado el proceso legal de huelga.

El propio Solar denunció que incluso han despedido trabajadores con fuero sindical. “Nos preocupamos de la economía, de las empresas y no nos preocupamos del costo humano. Es decir, en Antofagasta, la Segunda Región, hay pleno empleo, pero yo tengo 67 personas que no han podido encontrar trabajo de enero a la fecha. Independiente de eso, nosotros tenemos juicios que hemos ganado en empresas, le hemos ganado cuatro juicios por prácticas antisindicales y por despedir a los trabajadores con fuero”, detalló.

“Tenemos miedo que puedan tomar medidas más drásticas, hay gente a punto de matarse”, agregó el dirigente, quien espera que no suceda algo similar al trabajador del Transantiago que se quemó a lo bonzo.

Por su parte, la empresa respondió a las denuncias asegurando que “como compañía nos encontramos tranquilos y convencidos de que hemos actuado en todo momento respetando la normativa legal vigente. Asimismo, creemos necesario proteger el derecho de nuestros colaboradores a trabajar libremente, en un clima de paz y tranquilidad”.