Con satisfacción reaccionaron los abogados querellantes y familiares de víctimas luego que la Corte Suprema confirmara el desafuero del diputado de Renovación Nacional, Rosauro Martínez.

El pleno del máximo tribunal ratificó la determinación que había tomado la Corte de Apelaciones de Valdivia, que acogió la petición de la ministra en visita Emma Díaz para investigar al parlamentario, por su presunta participación en la llamada Operación Machete.

El operativo, ocurrido en septiembre de 1981, terminó con el homicidio de los militantes del MIR Patricio Alejandro Calfuquir Henríquez, Próspero del Carmen Guzmán Soto y José Eugenio Monsalve Sandoval y Rosauro Martínez, quien ha alegado inocencia, será investigado como ex comandante de la Compañía de Comandos Nº8 del Batallón Llancahue, dependiente de la Cuarta División del Ejército.

María Elena Calfuquir, hermana de una de las víctimas, expresó su satisfacción ante la decisión de la Corte Suprema: “Avanzamos en el esclarecimiento de la verdad y de hacer justicia. Esto es realmente inédito y para nosotros es más emocionante, porque nos representaron buenos abogados y teníamos buenos fundamentos. No podría haber sido de otra forma”, dijo.

El detalle del fallo se conocerá en los próximos días, pero los abogados querellantes ya anunciaron que pedirán el procesamiento del diputado por los tres crímenes.

Rosauro Martínez no perderá su cargo, pero será suspendido mientras se extienda la investigación y no podrá participar de las actividades del Congreso. Sin embargo, continuará recibiendo su dieta parlamentaria, dijo el vicepresidente de la Cámara, Rodrigo González (PPD): “No puede participar en las sesiones de sala ni en las comisiones y menos votar en ellas. Si no tiene ningún cargo y no es condenado por violaciones a los DD.HH., por supuesto que tendrá todo el derecho a ejercer su cargo. Además, él sigue siendo parlamentario, sigue recibiendo su remuneración y no tiene ninguna sanción desde el punto de vista administrativo. Si es condenado, depende del delito: si merece pena aflictiva, queda inmediatamente destituido de su cargo”, indicó.

Por su parte, el presidente de la comisión de Ética de la Cámara, Romilio Gutiérrez (UDI), explicó que la instancia debe actuar “cuando es relativo a conductas parlamentarias que están contempladas en el reglamento. Por ejemplo, ahora estamos viendo la participación de parlamentarios en marchas y otro tipo de actividades que se esgrimen como justificación para faltar a sesiones de sala. También atendemos las consultas de los parlamentarios y la aplicación de multas o sanciones en diversas situaciones. Pero causas como la que afecta al diputado Rosauro Martínez se llevan en la justicia y se procede de acuerdo a lo que establece la ley”, afirmó.

De todos modos, la determinación tendrá consecuencias políticas, ya que la oposición perderá un voto en la Cámara y se modificaron los quórums. Por ejemplo, para cambiar el sistema binominal o realizar ajustes simples a la Constitución, la Nueva Mayoría ahora necesita 71 y no 72 votos, número que alcanzaría sumando solo el apoyo de los cuatro diputados independientes a sus 67 legisladores. Para modificar artículos referidos al Tribunal Constitucional, las Fuerzas Armadas y los derechos y deberes, en cambio, todavía necesita acuerdos con la oposición.

El tema fue abordado por la única reacción oficial de Renovación Nacional, una declaración pública que además de confiar en la inocencia de Rosauro Martínez, manifestó su preocupación por la alteración de “la voluntad popular y los quórums de funcionamiento de la democracia”.