El descontento por las AFP crece, por la calidad de los beneficios, de la atención, el acceso a la información y la falta de competencia del servicio, afirmó la Presidenta Michelle Bachelet y lo catalogó de un “sistema frágil e injusto”, ya que hay nueve millones 600 mil personas afiliadas, de las que sólo cinco millones cotiza y muchas veces, recibe pensiones inferiores al salario mínimo.

La Mandataria sostuvo que se adoptaron dos medidas para enfrentar el problema: la creación de una comisión asesora, conocida como la “Comisión Bravo”, la que entregará “un diagnóstico riguroso y alternativas concretas para resolver la situación” en enero del 2015 y este proyecto de ley que busca aumentar cobertura y competencia.

“Sabemos que esta no es una solución al problema de fondo, sin embargo representa un avance relevante”, afirmó. Esto porque la AFP del Estado “se ocupará preferentemente de aquellas personas que hoy no son prioritarias para las AFP; trabajadores independientes, los de menores rentas y los que laboren en zonas apartadas en los grandes centros urbanos, y segundo porque permitirá introducir más competencia en este mercado”, explicó.

Por su parte, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Javiera Blanco, detalló que el directorio de la AFP estatal estará compuesto por siete miembros, quienes decidirán la política de comisiones. Sin embargo, admitió que “es difícil de que estemos hablando de comisión cero por ciento”. A la vez llamó a la Asociación de las Administradoras de Fondos de Pensiones a tener más confianza, asegurándoles que la AFP estatal se regirá a las mismas reglas y no dañará la competencia justa del mercado.

Desde la Nueva Mayoría señalaron que el proyecto es una señal clara sobre la necesidad de revisar el sistema y lo consideraron “el inicio de un cambio profundo”. Mientras desde la oposición han insistido en que ésta no es la solución y que se deben revisar otros aspectos como la edad de jubilación y los mecanismos de ahorro.

¿Pero cómo lo están analizando las organizaciones? Ricardo Hormazábal presidente de ACUSA AFP Chile afirmó que es partidario de crear este organismo público, pero indicó que no se puede decir que va a mejorar las pensiones o bajar las comisiones. Pese a ello, vio otros beneficios en la iniciativa. “Un punto esencial que se inviertan los recursos en nuestro país y no en el exterior, porque hoy tenemos un 42 por ciento de los fondos que ahorramos los trabajadores invertidos afuera de Chile y aquí hacen falta para poder desarrollar este país” y añadió que eso podría contribuir a financiar un desarrollo igualitario y armónico en Chile, avanzando en materias como la descentralización.

En desacuerdo está la Coordinadora Nacional de Trabajadores “No Más AFP”. Su vocero Mario Villanueva, indicó que “es más de lo mismo” y añadió: “Se nos ha dicho que una AFP estatal podría generar más competitividad, cuando es claro que este modelo no ha generado mayor competitividad, porque cuando nacieron las AFP había una enorme cantidad de ellas y hoy día estamos en cerca de cuatro. Se han ido comiendo unas a otras, lo que es difícil de remediar”, sostuvo.

El también dirigente de la Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss), afirmó que se debe realizar un cambio de fondo al modelo actual. Sugiere entonces que se establezca un sistema público solidario de reparto, que si bien es fuertemente resistido por la oposición, dijo, es posible en nuestro país, según análisis realizados por su organización y el Centro de Estudios Alternativos (CENDA).

Villanueva incluso fue más allá y afirmó que aspiran a la creación de un sistema de seguridad social que aborde el asunto de forma integral: Salarios, Cesantía, Salud, Pensiones, entre otros elementos.