“Si no hay Justicia, hay Funa” es el lema de la Comisión que fue creada el 1 de octubre de 1999 cuando un grupo de jóvenes, la mayoría hijos de luchadores sociales que sufrieron violaciones a sus derechos,  llegan hasta la clínica Indisa para denunciar que el médico cardiólogo Alejandro Forero integró el Comando Conjunto y participó de sesiones de tortura, supervisando a los prisioneros que luego harían desaparecer.

La ley de Amnistía de 1976 ha sido hasta ahora la piedra de toque en los tribunales de justicia, que en algunos casos ha investigado las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, pero termina aplicando la amnistía a los perpetradores, dejando impune las desapariciones forzadas, las ejecuciones, las torturas  de miles de chilenos que vieron sus derechos humanos más esenciales conculcados.

Julio Oliva uno de sus fundadores, tenía 17 años cuando perdió a su padre, el que fue ejecutado en agosto de 1984 por agentes de la CNI, y es también uno de los convocantes a reactivar la Comisión Funa, que tendrá su primera reunión este jueves en la sede de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP).  Julio Oliva  afirma  que se logró imponer la política del ex presidente Patricio Aylwin “justicia en la medida de lo posible”, que permitió relativizar el juicio al estado por las violaciones sistemáticas contra los chilenos.

“Nosotros sabemos que hay una lista de por lo menos más de 4 mil agentes que participaron en violaciones a los derechos humanos, que fueron de la Dina o de la CNI o del Comando Conjunto o de la Dipolcar o diferentes espacios que tuvieron las fuerzas armadas y civiles para cometer violaciones que no han sido siquiera procesados, muchos de ellos también fueron amnistiado durante la dictadura y después no se les sometió a proceso, y por lo mismo, ahora vemos que hace poco se logró desaforar a un actual diputado por la muerte de compañeros en el sur”, precisa Julio Oliva.

Otra de las fundadoras de la Comisión la historiadora, académica y experta en derechos humanos  Alejandra López, hija del dirigente sindical desaparecido Nicolás López, detenido en 1976, explica que en este país es imposible hacer justicia y considera que la instancia viene a visibilizar a los criminales de lesa humanidad, para lograr una especie de justicia social.

“El gran tema aquí es la aplicación de la ley de Amnistía, entonces ahí es cuando se plantea una alternativa que es la Comisión Funa.  Cómo no es posible hacer una justicia real para todos estos personajes que violaron los derechos humanos de manera sistemática y generalizada, y se transformaron en criminales de lesa humanidad, ahí es cuando debe operar permanentemente cualquier comisión con el fin de evidenciar estos crímenes que ocurrieron y ahí es cuando la gente debe ser capaz de juzgarlos, de poder evidenciarlo, apuntarlos con el dedo, este personaje, este criminal de lesa humanidad violó los derechos humanos y está impune”, sostiene Alejandra López.

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) Alicia Lira, asegura que hasta aquí nadie se ha pronunciado sobre  la justicia y la sanción a los responsables de los crímenes, ni siquiera sobre los proyectos sobre interpretaciones a las leyes como el Código Penal o discusiones pendientes que no han tenido eco en los gobiernos post dictatoriales.

La presidenta de la AFEP sostiene que la Comisión Funa es una instancia que se debe reactivar. “Se vio la necesidad que la Comisión Funa tiene que funcionar y si no llegan a la justicia por lo menos que tengan la sanción moral que la vecindad o en el medio que ellos trabajan, que sepan qué clase de personas tienen al lado o qué persona lo está atendiendo cómo pasó con los médicos que están atendiendo en clínicas particulares. Por lo tanto, ese es el objetivo principal lo que no llegue a la justicia por lo menos va a ser sancionado moralmente, socialmente y políticamente”.

El abogado de la Defensoría Popular Rodrigo Román, señala que el tema de la justicia es una deuda pendiente de la sociedad y afirma que esta impunidad permite las violaciones que hoy deben sufrir quienes participan de la protesta social, recordando que ningún gobierno concertacionista ha logrado cumplir con su compromiso de restablecer la verdad, la justicia y sancionar a los criminales de lesa humanidad.

“Actualmente hay Carabineros formalizados por el delito de torturas, miembros de la PDI funcionarios de Gendarmería,  en esas tres instituciones donde se supone que se entendía erradicadas esas prácticas.  Eso da cuenta que efectivamente las policías y particularmente nuestra policía que es altamente militarizada, tiene parece en su ADN que está en su ideología esto de las violaciones a los derechos humanos, las decenas de miles de personas que acusan tratos crueles e inhumanos, vejatorios al interior de los carros policiales  y de los cuarteles policiales con posterioridad una vez que son muchas veces detenidos en forma ilegal en el contexto de la protesta social da cuenta de eso”, denuncia el abogado de la Defensoría Popular.

En este contexto político y judicial, los integrantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos coinciden que no habrá justicia en los tribunales, que al parecer  no se logrará concretar para todos quienes debieron sufrir la represión, por ello, insisten en la necesidad de contar con una entidad que permanentemente instale la sanción moral y social para quienes cometieron crímenes de lesa humanidad.