El Gobierno ingresó un nuevo proyecto de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas. Este era un compromiso de Gobierno y una de las medidas para los cien primeros días de mandato.

De ese modo, la Presidenta Michelle Bachelet lo firmó el pasado 5 de junio, en el Día Mundial del Medio Ambiente, aunque recién ingresó el miércoles 18 de junio al Congreso, para iniciar su tramitación en la comisión de Medioambiente del Senado.

Con esto, se retiró también el proyecto que había enviado el presidente Sebastián Piñera en marzo del 2011, el que no había logrado consenso en todo este tiempo, pese a que, al igual que esta iniciativa, creaba un servicio especializado para proteger y preservar los ecosistemas, tanto marinos como terrestres, que formen parte de áreas estatales y privadas del país.

El senador RN Antonio Horvath, integrante de la comisión que revisará esta nueva iniciativa, sostuvo que si bien la estructura de los proyectos es similar, en lo conceptual tienen importantes diferencias. La más relevante de ellas, afirmó, es que antes el proyecto era muy abierto a la concesión de áreas silvestres protegidas. “Era casi un proyecto de concesiones”, sostuvo.

Por otro lado, aseguró que existía un tema complejo por definir respecto del empoderamiento de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) o del servicio de Biodiversidad, en el que los trabajadores de la estatal estaban en abierta oposición al proyecto.

Para Horvath la mayor deficiencia del texto anterior era que no se detectaba y protegía correctamente en el tiempo los sitios prioritarios para la diversidad y todo el sistema nacional. Por ello, advirtió que en el nuevo documento sí se permiten algunos grados de participación vía concesiones o acuerdos con ONGs, lo que revisarán con atención.

Para la directora ejecutiva de Fundación Terram, Flavia Liberona, el actual proyecto tiene algunos elementos positivos en términos conceptuales y en cómo se genera la institucionalidad pública en relación a CONAF, pero sigue presentando deficiencias fundamentales.

“Viola la Convención de Washington en relación a los Parques Nacionales y tampoco le da una categoría particular a la biodiversidad o a la naturaleza, lo que significa que las agresiones de los proyectos mineros, eléctricos o de cualquier orden que hoy están destruyendo nuestro patrimonio natural van a continuar igual y, en ese sentido, el proyecto de ley no es una solución”, sentenció la ambientalista.

Otro de los reparos es que no asume las directrices elaboradas por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN), de la que Chile forma parte, y que consideran diferentes formas de gobernanza de las áreas protegidas. Se reconoce al Estado, los privados, pero se suma a los pueblos indígenas y a las comunidades locales. En esa línea ha sorprendido que el proyecto no fuera sometido a consulta indígena antes de ingresar al Congreso.

Para el codirector del Observatorio Ciudadano José Aylwin esto es “una omisión grave”, más aún cuando en estos días Michelle Bachelet ha anunciado la realización de una Consulta a los Pueblos, “pero no ha tenido la sensibilidad de percibir el impacto que tiene este tema para los pueblos originarios”, afirmó.

Asimismo, añadió que “en el caso del pueblo Aymara el Parque Nacional Lauca está establecido en 80 por ciento sobre tierras de propiedad Aymara, mientras que en el territorio mapuche hay un sin número de áreas protegidas que están sobre terrenos ancestrales”.

Sin embargo, desde las comisiones de Medioambiente de la Cámara y del Senado, los parlamentarios han asegurado que ven más posibilidades de someter a trámite esta iniciativa, porque aprecian una mayor disposición de las autoridades a introducir indicaciones y cambios.

Se trata de un tema relevante, donde Chile está muy atrasado en relación a otros países del continente y que, además, es una exigencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).