En el marco del Día del Patrimonio, diputados de distintas bancadas presentaron un proyecto de ley que busca restringir la realización de graffitis, carteles y avisos y duplica las sanciones para quienes realizan estas acciones sin autorización.

Quienes sean sorprendidos cometiendo alguna de estas faltas arriesgarían una pena de reclusión de 61 a 540 días y una multa que podría alcanzar los 840 mil pesos. Habría penas mayores en caso que se trate de mensajes que promuevan la discriminación por razones ideológicas y políticas, entre otras, menciona el texto.

La moción parlamentaria que busca modificar el Código Penal es liderada por el diputado PPD Daniel Farcas, quien asegura que la iniciativa legislativa busca proteger el patrimonio histórico de las ciudades.

“En ningún caso nuestra intención es restringir la libertad de expresión. Muy por el contrario, nos parece muy valorable, significativo e importante en una sociedad democrático que la gente se exprese y tenga canales para hacerlo”, aseguró el parlamentario.
Esta moción ha causado preocupación y molestia entre las organizaciones sociales, políticas y artísticas que utilizan el rayado y el cartel para expresar posiciones distintas a las que circulan en el Congreso.

Así lo manifestó Carlos Rodríguez, uno de los fundadores del Taller de Serigrafía Instantánea, agrupación que lleva años marcando muros en apoyo a la lucha del pueblo mapuche, contra HidroAysén y Alto Maipo, entre otras.

“Están privando la libertad de las personas, porque la gente cada vez se atreve más a expresarse en contra de lo que no le parece. Creemos que es una de las pasadas de máquina que hacen los políticos para restringir nuestro pensamiento y omprimir nuestra libertad de expresión”, criticó.

“Cualquier tipo de manifestación en las paredes o tomarse el espacio público en vez de ensuciar limpia la mente y la ciudadanía” asegura Rodríguez, quien agregó: “Creo que pedir permiso transformaría los espacios públicos en espacios privados. Sería contradictorio para la manifestación y la protesta social. No podemos pedir permiso para utilizar algo que nos pertenece”.

El 11 de septiembre de 2013, en la marcha de conmemoración de los 40 años del golpe cívico-militar, el Taller de Serigrafía Instantánea lideró una intervención urbana en que se pegaron más de 5 mil afiches, acción que involucró cerca de 40 organizaciones políticas y colectivos artísticos.

Uno de ellas fue la brigada muralista Umlem Santiago, colectivo que recibe constantemente invitaciones para pintar en escuelas, sedes y juntas vecinales.

Para su encargada, Sandra Villarroel, este proyecto busca criminalizar la protesta social. Además reclama que la utilización de inmobiliario urbano y muros se debe a la concentración de los medios de comunicación. En ese contexto, “los muros son del pueblo”, defendió la integrante de Umlem.

“No tenemos voz en los medios, no van a salir nuestras realidades en los medios, a menos que sea por conflictos en torno a las drogas o la violencia. Es relativa la apreciación que se pueda hacer sobre un mural o los rayados. A algunas personas no les gustará el carácter, otros será más precarios, pero siempre hay algo que decir”

Sobre los argumentos en contra del muralismo que se basan en que estos ensucian la ciudad, Sandra reclama que es la propaganda electoral la que más contaminación genera en las calles del país.

“Hasta hoy veo en mi barrio rayados de políticos y carteles pegados de antiguos presidenciales. Todavía veo carteles de Matthei y Bachelet. El alcalde de mi comuna tiene tapizadas las calles y cada esquina con saludos a su persona y agradecimientos. ¿Quién los sanciona a ellos?

Este proyecto se encuentra en primer trámite constitucional, esperando su espacio para el debate en la comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados.