A diferencia de lo que sucedía en años anteriores, la Superintendencia de Salud asumió su rol fiscalizador y acogió las reclamaciones de usuarios respecto de alzas unilaterales en sus planes de cobertura en salud.
Hasta el momento, la única instancia que estaba acogiendo los reclamos era la Corte de Apelaciones, que ya tienen el apoyo de la Corte Suprema. El máximo tribunal resolvió a favor de los usuarios a principios de 2013, estableciendo jurisdicción para el arbitrio de estos casos, lo que permite hoy a la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud tener respaldo para aplicar esta facultad.
Este martes se instaló nuevamente la polémica. Mientras la comisión asesora presidencial revisa la Ley de Isapres, el superintendente Sebastián Pavlovic anunció el congelamiento de los precios de 81 planes, asegurando que sus alzas no se ajustan a derecho, pues tenían un carácter arbitrario o no fueron justificadas.
“Es poner en cuestionamiento el ejercicio de esta facultad de modificación unilateral de los contratos de salud que las Isapres ejercen y que los tribunales han manifestado que no puede ser ejercida arbitrariamente o como un mecanismo de reajuste automático. Debe ser aplicada restrictivamente y utilizada de manera excepcional”, informó el superintendente.
Pavlovic informó además que sólo durante este año han recibido 227 reclamos por incremento en los valores, y que existen además otros 146 recursos en tramitación.
“Las Isapres están nerviosas”, afirmó el abogado Pedro Barría, experto en esta materia. Ante decisiones de este tipo urge establecer un sistema de fijación de precios, ya que las Isapres están funcionando en la incertidumbre, agregó el jurista.
Pedro Barría demandó consensuar un sistema. “En un contexto creciente de judicialización es imposible planificar. Urge por el interés no sólo de los afiliados, sino también de las Isapres, buscar un sistema consensuado de fijación de precios que asegure que cuando el precio suba no haya reclamo y esa alza no signifique una carga enorme para el afiliado y tampoco una ganancia extrema para la Isapre”.
En 2010, el Tribunal Constitucional declaró fuera de derecho el uso de las tablas de factores de riesgos por edad y sexo para tarificar las primas de Isapres. Según Barría, desde ese fallo, las aseguradoras están receptivas a buscar una fórmula con mayores beneficios para los afiliados, pero que también les dé estabilidad a las empresas privadas.
“El congelamiento de los planes de salud hace que los chilenos nos replanteemos que la salud en Chile tiene costos, no es gratuita. El que tiene plata tiene salud”, indicó Amalia Pereira, presidenta de la Federación Nacional de Trabajadores de Salud Privada (Fenatrasap).
Amalia Pereira destacó “Vamos a ver qué prestación van a dar. Acordémonos que son negocios. Congelar los precios puede significar que a lo mejor van a bajar la calidad, van a haber listas de esperas en algún examen de mayor demanda, en una pieza de cuatro van a meter seis, etcétera”.
Por su parte, Elizabeth Vera, presidenta de la Asociación de Usuarios de la Salud, valoró la medida de la superintendencia y el creciente empoderamiento de las personas para reclamar cuando se ven afectadas por las imposiciones de las Isapres.
“Existe un usuario con más información y eso lo hace más poderoso a la hora de hacer valer sus derechos. Hace años atrás no había tantas quejas referentes a las Isapres. Eso demuestra que el usuario se ha empoderado más”, señaló la representante de los usuarios de la salud.
Según aclaró el superintendente Sebastián Pavlovic, las Isapres podrían apelar y presentar reclamos ante los Tribunales de Justicia, instancias en las que esperan se ratifique la decisión del organismo.
